miércoles 15 de septiembre de 2021 - 12:00 AM

Cero y van tres

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La semana pasada, antes de que el Congreso votara la moción de censura en su contra, la hoy exministra de las TIC Karen Abudinen se vio obligada a renunciar a su cargo ante las presiones políticas y sociales por la “pérdida” de 70 mil millones de pesos pagados por orden suya como anticipo a unos contratistas que presentaron pólizas falsas dentro del marco de un fallido contrato para llevar internet a colegios públicos de 15 departamentos.

Como lo escribí en mi columna anterior, era lo mínimo que debía hacer Abudinen, una de las cuotas de la barranquillera familia Char en el gobierno de Duque.

Con la renuncia de Abudinen ya son tres los ministros de Duque que han debido renunciar a sus cargos por su responsabilidad política: Botero, el de defensa, por el bombardeo del ejército en el que murieron 8 niños a los que llamó “máquinas de guerra”; Carrasquilla, por su torpe, inequitativa e inoportuna reforma tributaria; y ahora Abudinen, por haber ordenado pagar un anticipo con pólizas falsas; lo que además de indicar falta de experiencia, idoneidad y manejo político de los miembros del gabinete, y del mismo presidente, pone de presente el interrogante sobre si es la meritocracia el criterio con el que Duque designa a sus ministros o si son el amiguismo y los compromisos políticos los que determinan la designación de estos altos funcionarios del Estado.

Duque ha nominado y hecho nombrar a compañeros de universidad, hijos y parientes de sus amigos y amigos de parranda en el alto gobierno sin considerar si realmente están preparados para esos cargos.

Fiel a su estilo cínico y déspota de emperadorcito de vereda, Duque saludó casi enfurecido la renuncia de su ministra diciendo: “el plato favorito de muchas personas es comer ministro al horno”.

Lo que viene quedando claro con estas renuncias es que poco a poco los colombianos y este vergonzoso Congreso hemos venido entendiendo que la responsabilidad política en Colombia debe institucionalizarse; que independientemente de las presunciones de inocencia y buena fe y del derecho a posteriores juicios disciplinarios y/o penales, todos los funcionarios del Estado deben responder políticamente por sus errores. Así funciona en el sector privado, ¿por qué habría de ser diferente en el sector público? Funcionario que la embarre pública o privadamente, funcionario que debe renunciar independientemente de si es inocente o culpable. La ética de la función pública así lo impone.

Autor
Este artículo obedece a la opinión del columnista. Vanguardia Liberal no responde por los puntos de vista que allí se expresen.
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