miércoles 02 de septiembre de 2020 - 12:00 AM

Juez a la carta

lo que en derecho corresponde es que tanto el Fiscal General como el Presidente y/o sus subordinados queden impedidos para designar o ternar un fiscal ad hoc que investigue al expresidente.
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Luego de la renuncia al senado del expresidente Uribe y por ende a su fuero, la Corte Suprema de Justicia resolvió remitir a la fiscalía la investigación que por fraude procesal y manipulación de testigos adelantaba en su contra.

La decisión demuestra el estricto apego a la ley de la Corte en sus decisiones que por cuenta de este proceso ha debido enfrentar difamaciones, vallas, marchas y campañas mediáticas de desprestigio en un intento del uribismo de convertir este juicio penal en un concurso de popularidad.

La imparcialidad del juez es un fundamento constitucional del debido proceso.

Así como la ley previene la pérdida de competencia que en estricto derecho acató la Corte también dispone de los impedimentos y las recusaciones para garantizar la imparcialidad del juez en un juicio.

Cuestionada como está la imparcialidad de la fiscalía general en cabeza de Francisco Barbosa y la de cualquiera de sus subordinados por su evidente cercanía y afinidad tanto con el centro democrático (partido de gobierno) como con el presidente Duque quien además de proponerlo para ese cargo se ha pronunciado públicamente en defensa del expresidente en lo que algunos han considerado una interferencia al poder judicial, lo que en derecho corresponde es que tanto el Fiscal General como el Presidente y/o sus subordinados queden impedidos para designar o ternar un fiscal ad hoc que investigue al expresidente.

La Corte como máximo órgano de la justicia ordinaria, la misma justicia ordinaria que escogió Uribe al renunciar a su fuero de senador debe ser quien resuelva tanto sobre los impedimentos del fiscal, el presidente y todos sus subordinados, como sobre la designación del fiscal ad hoc porque es un tema procedimental y no de elección.

Así es como funciona el control de poderes y la garantía de imparcialidad de los jueces en Colombia, precisamente para que los investigados no saquen provecho de su poder político en sus juicios.

Si algo exige este proceso es imparcialidad y transparencia por lo que no se le puede permitir al poder político escoger juez a la carta.

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