Luego de la indignación ciudadana provocada hace unos meses por la imposición de un comparendo al espontáneo comprador de una empanada en la calle, que acabó por impulsar en el Congreso “la ley empanada”, hemos visto en redes sociales toda clase de abusos y arbitrariedades cometidos por algunos miembros de la Policía Nacional que alegando la autoridad y facultades que les concedió el nuevo “Código de Policía y convivencia ciudadana” vienen violando los más elementales derechos humanos en la más absoluta impunidad, con el silencio cómplice de los organismos de derechos humanos, los órganos de control, los medios de comunicación y los líderes políticos, que parecen temer denunciar hechos como estos a pesar de la contundencia de las pruebas, por razones de conveniencia política (no genera votos ni popularidad) e institucional, quizá por temor a ser señalados como guerrilleros, comunistas o delincuentes, pues es usual que en Colombia todo el que denuncia termine estigmatizado, denunciado y hasta “suicidado”.
A pesar de esos riesgos y de que no son políticos los denunciados (está de moda hacerlo), no puedo quedarme callado. Si hay algo que me duele tanto o más que la corrupción política es la injusticia, el abuso del fuerte contra el débil, del que “amparado” en la ley abusa de su autoridad.
Denunciar el abuso de poder es quizá la más importante obligación ética de la prensa, provenga de donde provenga, porque ¿qué es la corrupción sino abuso del poder?
Utilizar la ley como pretexto para violarla es la más sofisticada forma de corrupción, producto en ocasiones de la mala fe y en casos como estos, de la ignorancia.
Mientras los inermes ciudadanos somos víctimas diariamente de toda clase de delitos por el crimen organizado y la delincuencia común (fleteos, sicariato) que han elevado los índices de inseguridad en las ciudades, nuestros policías, los encargados de luchar contra estos flagelos y de protegernos, han optado por perseguir injustamente a ciudadanos humildes, honestos y trabajadores.
Esto también es corrupción. ¿En dónde están entonces los paladines de la anticorrupción y la justicia social? ¿Calladitos?...
