El presidente y miembros del Congreso son elegidos por el voto directo del pueblo.
La democracia es la forma en que el pueblo toma las decisiones más importantes en un Estado. En Atenas, los ciudadanos se reunían en las plazas públicas (Ágora) y allí aprobaban las leyes que los regían.
Sin embargo, debido a la complejidad intrínseca de la asamblea de ciudadanos, este sistema se convirtió en una “democracia representativa” o “indirecta”. En este sistema, a pesar de que el pueblo tiene la titularidad del poder soberano, no lo ejerce. En consecuencia, los ciudadanos eligen a representantes que se presentan en el Congreso para aprobar las leyes que los regulen y toman decisiones políticas en su nombre. La diferencia entre aquella y esta es quién toman las decisiones.
El presidente y miembros del Congreso son elegidos por el voto directo del pueblo. Esta función no es democracia directa en términos estrictos, sino un acto fundamental de la democracia representativa, por cuanto el voto constituye una delegación de su autoridad para que los elegidos, tanto en el ámbito ejecutivo como en el legislativo, representen la voluntad general y los intereses de la población. Este es el sistema que funciona en la democracia representativa.
Ahora bien, en desarrollo de la democracia representativa, para resolver las disputas que surjan entre el ejecutivo y el legislativo, el Constituyente Primario creó unos mecanismos de “democracia participativa” que permite al ciudadano tomar decisiones directamente a través de ciertos mecanismos como: el plebiscito, el referendo, la consulta popular, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato.
A pesar de estas normas, el sistema presidencialista desmedido que poseemos facilita el mal uso de las funciones del ejecutivo para imponer sus criterios, tal como sucede con la consulta popular, que más que defender los derechos de los ciudadanos se convierte en un instrumento electoral para mantenerse en el poder. Situación que ocurre por la ineficacia de órganos como la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General, desafortunadamente en manos del presidente e inclinados a hacer lo que él les diga.
Hoy en día, la Corte Constitucional corre el riesgo de ser cooptada por el presidente. De ocurrir así, la débil democracia que vivimos desaparecerá y se impondrá el socialismo que impulsa el presidente, quien podrá exhibir, con su eufórica mesiánica, la vulgar copia del Socialismo del siglo XXI de Chávez, cuyo fracaso está a la vista, porque entonces, como allá, todo le será aprobado así vaya en contra de la Constitución.
Mientras tanto, el pueblo sufrido, empobrecido y dividido entre izquierda y derecha, entre pobres y ricos, seguirá sin solución alguna de las numerosas necesidades que padece; a la vez, los políticos, jugando a la democracia, negocian su futuro sacando dividendos para mantenerse en el poder.
