sábado 18 de noviembre de 2023 - 12:10 AM

Isnardo Jaimes Jaimes

La nulidad electoral

Declarada la elección de quienes resultaron ganadores en las pasadas elecciones, surge la posibilidad para que cualquier persona -sin necesidad de apoderado judicial- pueda acudir ante los jueces administrativos a demandar la nulidad del acto de elección, dentro del término de 30 días contados a partir de su emisión, a fin de someterlo a control de legalidad, preservando con ello la legitimidad y pureza del proceso de elección.

Esta acción pública fue creada para impugnar los actos de elección y aquellas decisiones emitidas por las autoridades electorales en las que se hubieran pronunciado frente a las reclamaciones por irregularidades ocurridas en la votación o en los escrutinios, que por ser contrarias al ordenamiento jurídico y por incidir en los resultados del certamen electoral requieren incluirse como garantía del debido proceso y el derecho de defensa en el trámite del proceso de nulidad.

Para el ejercicio de este medio de control se requiere del asesoramiento de un abogado con experiencia en asuntos electorales. Por ejemplo, para desvirtuar o no la presunción de legalidad del acto electoral, se necesita invocar y probar algunas de las causales objetivas (relacionadas con los procesos de votación y de escrutinio) o subjetivas (relativas al incumplimiento de los requisitos legales para acceder a un cargo público o de inelegibilidad), previstas en el artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

No obstante, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha determinado que dichos actos también pueden demandarse por las causales generales de todos los actos administrativos previstos en el artículo 137 del mismo Código, ya sea por haber sido emitidos con infracción de las normas en que debían fundarse, por incompetencia, expedición irregular, desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, falsa motivación o desviación de poder de quien los profirió.

Este tipo de procesos tiene disposiciones especiales que lo hacen más ágil y corto en tiempo, para cumplir con el mandato constitucional de ser resueltos en un máximo de seis meses, si es de única instancia, o 12 meses si es de dos instancias. Incluso ha habido investigaciones disciplinarias contra jueces que violan esos términos.

Pero resalto, no es demandar por demandar. Para hacerlo, con certeza de éxito, debe contarse con pruebas idóneas que demuestren la causal invocada; en caso contrario, lo que se consigue es la congestión de los despachos judiciales y el perjuicio para quienes si tienen razón.

Este artículo obedece a la opinión del columnista. Vanguardia no responde por los puntos de vista que allí se expresen.
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