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Isnardo Jaimes Jaimes
Viernes 16 de febrero de 2024 - 12:00 PM

Las facultades electorales de las altas cortes

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Son evidentes los daños institucionales causados por la pelea entre el exfiscal Barbosa y el actual presidente. Por un lado, no puede permitirse la utilización de la Fiscalía como tribuna de las aspiraciones políticas del representante de turno, como ha ocurrido con éste y varios fiscales; y, por el otro, tampoco puede aprobarse la persecución incesante de Petro contra la Corte Suprema de Justicia (así lo niegue pese a la abundante prueba en contra) por la demora en nombrar a un Fiscal que proteja a su familia y amigos; conductas ambas constitutivas de abuso arbitrario de funciones.

Lastimosamente, son las consecuencias de las funciones electorales otorgadas por la Asamblea Nacional Constituyente a los magistrados de las altas cortes (participación en la elección del Registrador Nacional; envío de ternas para la elección del Procurador, y del Auditor General de la República; la elección de magistrados de la Corte Constitucional y la conformación de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura), con el propósito de fortalecer la separación de poderes, garantizar su independencia y autonomía en el ejercicio de sus funciones y dar legalidad y transparencia a dichos procesos electorales; intenciones venidas a menos con el nombramiento, en importantes cargos, a familiares y amigos de los magistrados.

Lo cierto es que, en realidad, difícilmente puede predicarse autonomía en el ejercicio de sus funciones a sabiendas que en la elección de los magistrados participa el poder legislativo (Senado para la Corte Constitucional) y, el poder ejecutivo a través del Consejo Superior de la Judicatura que conforma la lista de elegibles (Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado); intervención que constituye, en determinado momento, presión suficiente en detrimento de la autonomía e independencia que tanto se pregona.

Precisamente por ello, es necesario que la comisión nombrada para reformar el sistema judicial suprima esas facultades electorales e instituya un mecanismo de selección de magistrados para las altas cortes, en los que primen conocimientos, experiencia e idoneidad para el ejercicio del cargo; camino idóneo para hacer realidad la separación de poderes, la autonomía e independencia judicial que exige la Constitución (Artículos 113,228,230).

Y, frente al conflicto que tensiona al país, debe cambiarse el mecanismo de selección del Fiscal General, que debe surtirse dentro de la Corte Suprema de Justicia, por ser parte de la Rama Judicial, y el escogido nombrado por el Presidente de la República, para evitar los problemas que hoy inquietan.

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