sábado 02 de diciembre de 2023 - 12:00 AM

Isnardo Jaimes Jaimes

¿Y ahora quién podrá defendernos?

El resultado de las elecciones presidenciales de 2022, en la que participó el 58% del censo electoral, envió a Colombia un mensaje claro sobre la necesidad de un cambio que tuviera como propósito: acabar la desigualdad, la pobreza, la corrupción, la inseguridad, mejorar la salud, la educación, dar mayores oportunidades a los jóvenes, generar empleo, temas que, entre otros, fueron las causas de los movilizaciones sociales de 2019 y 2021.

Estas circunstancias presagiaban acciones prioritarias del gobernante elegido, máxime si era el primero de izquierda que llegaba al poder en Colombia; no obstante, luego de 15 meses no ha operado tan anhelado cambio, pero sí se observa una ejecución sistemática de las líneas trazadas por la izquierda en los Foros de Sao Pablo y Puebla, que se refleja en un debilitamiento palpable de las fuerzas militares y el correlativo crecimiento de la violencia en el país con incremento de secuestros, extorsiones, reclutamiento de menores, masacres, la descarada presencia de los diferentes grupos ilegales como autoridad en sus municipios, enfrentamientos entre ellos por el predominio de lo ilegal, que generan desplazamiento de la población; todo ello con permisividad institucional, en aras de una paz total que no se ve.

Junto a ello, la economía decreciendo, agravada con la incertidumbre de la inversión extranjera por falta de seguridad jurídica, con la consecuente disminución del empleo; la salud en crisis con escasez de medicamentos; el enfrentamiento constante con el sector productivo; la interinidad permanente en instituciones vitales para el desarrollo del país; la inejecución del presupuesto, con la intención de hacerlo mediante contratación directa contrariando la ley, la falta de diálogo con la sociedad y las autoridades elegidas para estructurar ese cambio que se espera, sin ningún tipo de imposición ideológica.

Aunado a ello, unos partidos políticos con cero credibilidad que por sus apetitos burocráticos y económicos se doblegan al querer del ejecutivo en contra de la voluntad popular que quiere cambios sin destrucción de lo construido, incluso, contrariando sus propios estatutos, sin acciones eficaces para impedir la pretensión de Petro de estatizar todo en Colombia, por el afán de implantar su ideología política y materializar los fines de los foros mencionados.

Todo ello tiene en vilo a la población, lo que ha determinado una desconfianza y una incertidumbre generalizada, incluidos los jóvenes y muchos maestros.

Honorables magistrados de las Altas Cortes ¡salven a Colombia de la hecatombe!

Este artículo obedece a la opinión del columnista. Vanguardia no responde por los puntos de vista que allí se expresen.
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