Publicado por: Jaime Calderón Herrera
Bill Gates y Carlos Slim son los individuos más ricos del planeta; sin embargo, sus fortunas fueron hechas de maneras muy diferentes: Gates, mediante la innovación en el contexto de unas instituciones económicas que incentivan la educación de calidad, el ahorro, la inversión, la innovación, la adopción por consiguiente de nuevas tecnologías. Slim, por el contrario, según los autores del libro “Por qué fracasan los países”, hizo su dinero, en gran parte, gracias a sus conexiones políticas en el contexto de la economía mexicana, donde los obstáculos al emprendimiento son colosales, mientras las influencias y los sobornos son la ruta para los ambiciosos con habilidades.
“Cuando Slim estuvo sometido a las instituciones de Estados Unidos, sus tácticas habituales para ganar dinero no funcionaron” dicen Acemoglu y Robinson, quienes sostienen que las teorías basadas en la geografía, en la cultura, en la religión o en la ignorancia no explican los patrones de desigualdad en el mundo. Su tesis es la de que el proceso político es el que determina bajo qué instituciones económicas se vivirá, y dado que influyen en el comportamiento y en los incentivos en la vida real, forjan el éxito o el fracaso. Países con instituciones “extractivas” se diferencian de aquellos con instituciones “inclusivas”, cuyas oportunidades económicas no van solo para la élite, sino también para la mayor parte de la sociedad.
Para los autores, las instituciones inclusivas crean los mercados inclusivos que no son únicamente libres y allanan los caminos a la educación y a la tecnología.
El nuevo escándalo colombiano va por cuenta de una gran empresa, Riopaila Castilla, que bajo la estrategia diseñada por Brigard & Urrutia, mediante la creación de 27 SAS (sociedades por acciones simplificadas) y un tortuoso tránsito deliberado hasta el paraíso fiscal de Luxemburgo, logra burlar la ley vigente en Colombia, que limita la venta de unidades familiares concedida por el Estado a campesinos en terrenos baldíos y se hace a la propiedad de 44 mil hectáreas, de manera supuestamente fraudulenta.
Sufrimos en Colombia como en México de instituciones “extractivas”, donde las oportunidades económicas son para quienes tienen la capacidad de “interpretar” la ley a la luz de las influencias y de las amistades políticas, a nombre de una supuesta creación de riqueza, que cuando se produce queda concentrada en las mismas pocas manos de siempre.
El ministro Estupiñan admitió que el proceso se efectuó “por fuera de la ley”, eufemismo para no decir que se hizo en contra de la ley, que hasta donde yo entiendo es sinónimo de fraude, de prohibido, de ilegítimo, de indebido.
Requerimos de la agroindustria a gran escala y sé de empresarios que lo están haciendo bien y cumpliendo con la ley, pero la cultura del atajo y la trampa sigue vigente.
