martes 01 de diciembre de 2020 - 12:00 AM

Legales seremos mejores

...La trampa no está prevista en nuestro ordenamiento como forma de investigación.” Sembrar pruebas desde las instituciones con propósitos políticos es inmoral y fascista.
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Somos una nación subalterna a los intereses políticos de la gran nación americana. Hemos admirado su democracia, pero en la era Trump se hizo evidente que padece de los males de las supuestas democracias de las repúblicas bananeras. Hemos entregado nuestra soberanía de la justicia bajo el entendido de que allí hay una justicia incorruptible, no obstante que hay evidencias de los sesgos contra las comunidades afrodescendientes, hispanas, y musulmanes, entre otras. En materia de narcotráfico, la frustración es grande, pues salvo excepciones, los colombianos mafiosos que nos han hecho tanto daño y han producido tanto dolor y tantos muertos, terminan negociando sus penas, entregando parte de su fortuna, denunciando a otros mafiosos y luego reciben la anhelada residencia en el país del norte, con cambio de identidad y disfrutando sin restricciones su fortuna restante. Entretanto, las mafias del narcotráfico se apoderan de negocios tan o más rentables, como la minería ilegal y la contratación pública, para lo cual han obtenido poder político. Es un hecho que la “guerra contra las drogas” no ha servido para disminuir el consumo ni el narcotráfico, pero sí ha sido muy efectiva como arma de dominación política y orientación de los dineros ilícitos hacia el fisco americano. Mientras, los colombianos debemos soportar la violencia generada por la confrontación entre narcos, corrupción de nuestras instituciones, creación de grupos criminales, y la fumigación de cultivos con sus efectos colaterales. En ese contexto se ha denunciado cómo la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez en asocio con la DEA llevaron a cabo un proceso de saboteo al proceso de paz mediante el “entrampamiento” a algunos jefes de las Farc firmantes del acuerdo. En palabras de José Gregorio Hernández, exmagistrado conservador de la Corte Constitucional, “inducir al delito, con el supuesto objetivo de hacer caer al delincuente, no es lícito, ni legítimo. Es provocar el delito. La trampa no está prevista en nuestro ordenamiento como forma de investigación.” Sembrar pruebas desde las instituciones con propósitos políticos es inmoral y fascista. Solo un cambio verdadero y democrático del régimen en las próximas elecciones, garantizará que la impunidad no prevalezca.

Autor
Este artículo obedece a la opinión del columnista. Vanguardia Liberal no responde por los puntos de vista que allí se expresen.
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