martes 09 de febrero de 2010 - 10:00 AM

Reforma entrópica, demagógica y perversa

El Sistema de Salud colombiano continúa necesitando una reforma estructural que garantice el derecho fundamental a la salud y que sea sostenible financieramente.

El asunto no es de poca monta y por eso mismo requiere que se adelante un proceso cuidadoso de concertación entre prestadores, ciudadanos, profesionales de la salud, Estado y administradores, contando con consultoría de expertos sin conflictos de interés. No es un capricho la exigencia de utilizar la vía democrática y legal, pues ésta es la única manera de construir un sistema que consulte la realidad actual desde las aristas de la ciencia, la economía, la carga de la enfermedad, el derecho y la conveniencia ciudadana.

Los decretos reformistas expedidos al amparo de la Emergencia Social (ES), deben ser derogados, no solo por su inconstitucionalidad, sino porque no garantizan la sostenibilidad financiera a pesar de los nuevos impuestos, y adicionalmente, para contener costos, intimida y criminaliza el acto médico, partiendo de una concepción totalmente equivocada de estandarización de la medicina, lo cual demuestra un desconocimiento absoluto de la esencia de la profesión. Como si fuera poco, levanta barreras administrativas y económicas para el acceso a los servicios.

Los decretos expedidos en la ES, constituyen una reforma que es entrópica, pues genera caos con mínimas probabilidades de normalización, es demagógica, pues se publicita y se disculpa en un mandato legal y constitucional de no desmejorar el Plan Obligatorio de Salud (POS), es perversa al erigir barreras de acceso a las prestaciones NO POS y disuadir desde la amenaza económica y legal a los prestadores, es injusta, cargando el riesgo y el cobro de las prestaciones excepcionales a Hospitales y Clínicas, e infringe el golpe de gracia a la Red Pública a nombre de su sostenibilidad.. Es imprevisible, pues introduce el concepto de 'doctrina médica' elaborado por un Organismo Técnico Científico (OTC), conformado por ministros y fichas del gobierno. Por último, solo sirve a los intereses de los administradores del aseguramiento

Ha sido evidente la improvisación. El presidente reconoció la mala redacción, prometió correcciones de los errores desde la reglamentación, lo cual es un imposible legal; repartió culpas entre viceministros de hacienda y salud, pero firmó los decretos. El presidente es un experto en negocios, finanzas, modelos de seguridad social, pero desconoce los principios básicos de la ciencia y de la medicina Y confunde la firmeza con la terquedad.

La única opción es la derogatoria de la Emergencia Social y la construcción de una Reforma por la vía democrática al amparo de un estado Social de derecho.

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