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Jairo Puentes Bruges
Martes 13 de julio de 2021 - 12:00 PM

Por qué el Congreso no aprobó Acuerdo de Escazú

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El pasado 3 de julio fue asesinado -en el departamento de Caquetá- Fernando Vela; un reconocido médico ambientalista que “decidió establecer un trabajo de conservación de la fauna y la flora en la región convirtiéndose en un reconocido opositor de la deforestación, la caza ilegal, la minería, la ganadería en los bosques húmedos tropicales de nuestro departamento y sobre las especies que el tanto deseaba proteger” (RCN Radio, 07/07/2021). Este asesinato se suma a la creciente lista de líderes ambientales asesinados en Colombia. En columna de octubre 14/2020 citaba un informe de la ONG británica Global Witness (29/07/2020) que advertía que Colombia es el país donde más se asesinan defensores del ambiente en el mundo.

El junio pasado -en la Plaza de Bolívar de Bogotá- activistas ambientales colocaron en el piso decenas de zapatos con tinta roja, recordando a los líderes ambientales asesinados en Colombia. Uno de los activistas señaló que “los zapatos puestos en la plaza, lo hacemos para conmemorar a los 69 líderes y lideresas ambientales asesinados en el país desde el año 2019”. Lo anterior como acto simbólico para solicitarle al Congreso ratificar el acuerdo de Escazú (RCN, 06/17/2021).

Sin embargo, a pesar de estos antecedentes, el Congreso colombiano hundió el proyecto de ley que buscaba ratificar el Acuerdo de Escazú, suscrito en el 2018 y orientado a brindar apoyo a “los derechos humanos en general y los ambientales en particular”. El Acuerdo se refiere al “Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”. Como mencionaba en columna anterior, el artículo 9 del Acuerdo establece que “Cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”.

La prensa informó que, en el Congreso, la oposición al proyecto de ley vino de un bloque de congresistas -incluidos por supuesto los del uribista centro democrático- e importantes gremios que pidieron su archivo. Considerando la dramática inseguridad que viven los defensores del ambiente y también otros líderes sociales, indígenas y demás víctimas en Colombia, no resulta comprensible que el Congreso haya hundido el citado proyecto de ley.

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