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opinion/columnistas/jorge guzman
Viernes 23 de julio de 2021 - 12:00 PM

El Litoral Pacífico y la necesidad de un cambio estructural

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La región del Pacífico pareciera ser lo más cercano a un Estado fallido. A pesar de los innumerables Conpes y recursos que el Estado ha destinado, los graves problemas de economía ilegal, poco desarrollo social y débil institucionalidad permanecen en la región.

Según el Centro de Estudios Económicos Regionales, en el Litoral Pacífico convergen seis factores que son los principales causantes de la pobreza: la baja generación de ingresos, la alta incidencia de la pobreza multidimensional, la baja movilidad social, las lentas transiciones demográficas, la malnutrición y bajo logro educativo, y, el alto desempleo e informalidad. La pobreza es una de las consecuencias que se derivan de estos problemas y que se puede evidenciar a través del Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), el cual muestra que el 60,1% de la población en esta región no cuenta con los servicios básicos.

Adicionalmente, este retraso económico y social tiene sus razones, entre otras, en la baja presencia estatal. De acuerdo con la RAP, del total de las acciones armadas llevadas a cabo en el país en el 2018 (95.469), el 46% sucedieron en la región Pacífica. Además, la región es la más afectada por el cultivo de hoja de coca. Lamentablemente, la política de Estado que más ha perdurado en esta región fue la aspersión aérea como estrategia de control de los cultivos ilícitos, que fue implementada por cerca de 14 años. Esta ha estado suspendida desde el 2015 tras una decisión de la Corte Constitucional, que consideró que estas aspersiones causaban graves problemas de salud para las comunidades locales.

La pobreza es un problema que presenta dificultades para su definición debido a su complejidad y a que puede ser abordada desde varias áreas como bienestar económico, capacidades y exclusión social. Se requiere de una estrategia integral que genere oportunidades de desarrollo social y económicas a las comunidades más vulnerables, que incluyan políticas diferenciales para las comunidades étnicas afrocolombianas e indígenas que viven en la región, y el fortalecimiento de la institucionalidad local y una mirada de integración con los países vecinos.

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