Las fronteras de Colombia viven una realidad que pocos conocen; son lugares de difícil acceso, con poblaciones mayoritariamente rurales, ambientalmente diversas y con una fuerte presencia de grupos étnicos. Las fronteras son el inicio de la integración con los países vecinos, en las que se comparte una historia y cultura común e involucran fuertes lazos comerciales. Un desarrollo social completo requiere de la armonía con los países vecinos. En el pasado, las comisiones de vecindad jugaron un rol importante en la tarea de desarrollar programas binacionales con la participación de actores locales. Estas comisiones quedaron obsoletas en su tarea y deben continuar su trasformación hacia otros mecanismos más efectivos, como lo son los planes de desarrollo binacional, fondos conjuntos, nuevas estructuras y temas regulatorios binacionales.
Los planes de desarrollo binacional deben partir del desarrollo de una visión conjunta de ambos Estados para la zona común de frontera, desarrollado por las Cancillerías y las entidades de planeación, que resulten de procesos participativos con actores locales públicos, privados, étnicos, sociales y culturales. Luego se deben definir unos ejes programáticos y desarrollar programas para el desarrollo social, acceso a bienes públicos y generación de empleo para las comunidades fronterizas. Tales son el caso de los planes binacionales con Ecuador y Perú, que deben fortalecerse y continuar con su ejecución.
Los fondos binacionales son mecanismos efectivos que permiten financiar los programas de los planes de desarrollo binacionales con efectividad. Estos fondos están compuestos de recursos de ambos países y pueden incluir recursos de cooperación internacional.
Las comisiones de vecindad deben evolucionar a estructuras de gobernanza multinivel en las que los gobiernos nacionales de ambos países incluyan las Cancillerías como eje rector de la política y las entidades de planeación ejerzan las secretarías técnicas de los planes y fondos binacionales. Además, debe haber instancias que incluyan los gobiernos locales, líderes de comunidades étnicas, sector privado, academia y ONGs. Finalmente, se deben tratar temas regulatorios en sectores sociales y económicos de ambos países con el objeto de mejorar el acceso a bienes públicos en la frontera común y la calidad de vida de los habitantes de frontera.
