sábado 08 de agosto de 2020 - 12:00 AM

Sí a las reformas, no a una nueva Constitución

Los problemas que nos aquejan como lo son la corrupción, la inequidad, la injusticia y la violencia no se arreglarán con un nuevo contrato social.
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Colombia es la democracia más antigua de América Latina y también una de las más golpeadas por los problemas estructurales que hemos sufrido. La detención preventiva domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe ha polarizado aún más el país y como respuesta a este acontecimiento, desde la bancada del Centro Democrático se ha solicitado una nueva asamblea nacional constituyente. Este es el mismo llamado de una nueva constitución que el Movimiento de Colombia Humana, liderado por Gustavo Petro, ha realizado en varias ocasiones recientes.

La Constitución del 91, promovida por jóvenes que añoraban actualizar la entonces obsoleta Constitución de 1886 a través de la séptima papeleta, se basa en los cimientos de un Estado social de derecho. Los problemas que nos aquejan como lo son la corrupción, la inequidad, la injusticia y la violencia no se arreglarán con un nuevo contrato social. El Estado social de derecho y la institucionalidad creada por la Constitución del 91 son una base sólida, que debemos preservar, mejorar con los mecanismos previstos, pero sobre todo cumplir y respetar.

El institucionalismo histórico refleja algunos de los problemas estructurales en nuestras sociedades. En el libro Por qué fracasan los países, Acemoglu y Robinson (2012) explican cómo los países latinoamericanos difieren en la forma en que se crearon sus instituciones políticas de las creadas en los orígenes de los Estados Unidos de América, y cómo esas instituciones políticas afectan a las instituciones económicas. Durante la colonización española de América Latina, las instituciones del sistema de encomienda, la mita y el repartimento aumentaron la riqueza de la corona española, pero causaron una gran desigualdad en América Latina. Este análisis histórico contribuye a la discusión sobre cómo las instituciones políticas tienen consecuencias en el desarrollo y la redistribución de las economías de los países.

Sin duda alguna Colombia debe mejorar y fortalecer sus instituciones sobre la base de una gran reforma, la Constitución del 91, que en el espectro del tiempo de la República es reciente. En estos momentos de gran polarización se requiere de liderazgos moderados que empiecen a formar consensos básicos sobre reformas estructurales, como la de la justicia.

JORGE GUZMAN
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