Publicado por: Jose Félix Lafaurie
El Gobierno no ha entendido que al afectar la correlación de fuerzas frente a las Farc aleja la posibilidad de una negociación viable. Sus decisiones militares y políticas –antes y durante los diálogos– marcan la diferencia. Llegó a La Habana con el antecedente funesto de haber cortado la maduración del fin del conflicto, que estaba garantizado con la política de Seguridad Democrática. Acorralada como estaba la guerrilla y con un inmenso desprestigio internacional, se vuelve a la errada opción de darle oxígeno. Ahora no desperdicia una sola oportunidad para escalar en sus pretensiones e inclinar la balanza a su favor.
El paréntesis de la negociación aplazó su derrota. El cambio de estrategia, sumado a la legitimación de las Farc, con la apertura del diálogo, fue determinante para resucitarlas. En el camino, el Gobierno se ha encargado de nutrir al moribundo, al generar expectativas sobre una paz frágil. De ese empeño hacen parte los foros, la pasada marcha o las declaraciones de los partidos de la mesa de “unidad nacional”, que han contribuido a empeorar la correlación de fuerzas. Nadie está midiendo el costo de estas dinámicas. Pero a futuro ceder más de lo recomendado o de los parámetros que la opinión pública está dispuesta a aceptar pueden dar al traste con el proceso. Basta sopesar los recientes pronunciamientos de Jesús Sántrich, que resumen el máximum de las pretensiones de las Farc: “Los tribunales colombianos no tienen la dignidad, el decoro y la competencia, porque este ha sido un Estado criminal. Tiene que haber una política de Estado para resolver el problema de la guerra”. En consecuencia, la justicia colombiana no puede juzgarlos y más que impunidad, buscan ser declarados inimputables.
En otras palabras, ahora pretenden ser “eximidos de responsabilidad penal por no poder comprender la ilicitud de un hecho punible o por actuar conforme a dicha comprensión”, según la definición de inimputable. Por eso no extraña su discurso plagado de epítetos sobre el “Estado victimario”, los “prisioneros de guerra”, para referirse a los secuestrados, autodenominarse “víctimas” y usar al “pueblo oprimido” para justificar su lucha. Cuando no optan por banalizar el pasado sangriento que desataron, desdeñar a las víctimas y hasta negar su evidente derrota militar. Todo vale para no pagar un día de cárcel y dar el paso automático y gratuito de las armas a las urnas.
Hasta ahora sus conquistas incluyen otros trofeos, tanto o más graves, como el control de las Zonas de Reserva Campesina para desmembrar el territorio nacional. Pero quieren más, amparadas en ese cambio en la correlación de fuerzas: buscan diezmar a las Fuerzas Armadas con una reforma que anule su derecho al fuero militar y disminuya su tamaño y mantienen el inamovible de la Asamblea Constituyente. No les sirve el referéndum.
No son conscientes de la desproporción de sus exigencias, que inviabiliza un acuerdo final en La Habana y, además, del rechazo popular que despiertan. Con suerte, esa será la pared con la que chocarán las Farc. Nadie quiere la mezcla siniestra de armas, plata del narcotráfico, votos y criminales haciendo política.
