domingo 10 de febrero de 2019 - 12:00 AM

Seguridad y Defensa: Fundamentos de legitimidad

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Contrasta el pobre debate sobre las armas, promovido por un polarizador de oficio, Gabriel Silva, quien se atrevió a inventar que Uribe y Lafaurie quieren revivir el paramilitarismo y legitimar miles de armas de los ‘paras’; con la sólida política de Seguridad y Defensa del el presidente Duque. Silva posa de ponderado y condena la polarización, mientras echa leña a la candela e insiste en segregar entre buenos y malos, en un país donde tan irresponsables afirmaciones se convierten en una amenaza.

Esos falsos “ponderados” hoy se apresuran a atacar la “Política de Seguridad y Defensa”: aduciendo que solo es la versión 2.0 de la Seguridad Democrática. Ricardo Silva, en una columna no menos polarizante, concluye que “volvemos al relato de esa Colombia en la que no nos queda más que armarnos, espiarnos, crearnos peligrosas redes de vigilantes”.

No señores. La nueva política, por el contrario, ha sido recibida con expectativa, pues incorpora elementos diferenciadores que obedecen, como debe ser, a principios y convicciones que la convierten en guía para la acción.

Es acertado involucrar a la ciudadanía, porque la seguridad, como el parque y el transmilenio, es un bien público que todos debemos cuidar. No se trata de “peligrosas redes de vigilantes”, sino del deber cívico de denunciar a un colado, un abusador o un asesino. Lo contrario es la indiferencia, porque la responsabilidad es del Gobierno. ¡Falso!

Es coherente el punto final a los ceses bilaterales que vulneran el deber constitucional de la Fuerza Pública, y porque después de la generosa negociación con las Farc, solo quedan la concentración y el cese de actividades criminales para cualquier posible reinserción grupal.

La cooperación con países amigos no es pragmatismo político de ocasión –no más “nuevos mejores amigos” –, sino comunión ideológica con la defensa de la democracia, la libre empresa y los derechos humanos.

La “disrupción del delito” para desmantelar economías ilícitas permitirá perseguir actividades más que personas. No podemos seguir impasibles ante la minería ilegal y la deforestación coquera, sin que el Estado vaya a combatirlas con eficacia. De ahí la trascendencia, sobre todo para el campo, de pasar del efímero control territorial al necesario control institucional, a la presencia del Estado en todo el territorio; y del reconocimiento de la biodiversidad y el medioambiente como activos estratégicos.

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