lunes 15 de junio de 2009 - 10:00 AM

Ahora la Farc-política…

Lo digo con sinceridad: a Piedad Córdoba no deberían meterla en la cárcel por la Farc-política. Tampoco a Robledo o a Borja. El problema es que como la Corte Suprema de Justicia sentó ya su jurisprudencia, no es posible que Mauricio Pimiento esté condenado, como consecuencia de audaces ‘inferencias’ de la Sala Penal, y los mencionados parlamentarios -todos de izquierda- sigan tan tranquilos como siempre.

Es la misma lógica que podría predicarse en el caso del Palacio de Justicia: si al Coronel Plazas lo condenan como seguramente ocurrirá, la amnistía para líderes del M-19 como Gustavo Petro o Antonio Navarro debería por lo menos revisarse. ¿Es lo justo no?

Jamás entenderemos las nuevas generaciones por qué a esos líderes guerrilleros nunca les exigieron justicia, paz y reparación y en cambio les terminaron dando jugosos subsidios para lograr su reintegración.

Pero volvamos al presente e insistamos en que la justicia colombiana que tanto clama por igualdad tendrá que medir con la misma regla a unos y otros o justificar con argumentos muy poderosos una distinción que por ahora no se entiende.

Para comenzar, la diferencia en los tiempos con que se tramitan los procesos en cada caso, no tiene sentido y los honorables magistrados no han podido explicarnos por qué tanto acelere con la para-política y semejante lentitud en lo que atañe a los nexos de políticos con las Farc. Tampoco nos han podido decir por qué el computador de ‘Jorge 40’ es tan confiable y el de ‘Raúl Reyes’ no.

Ahora le achacan al Procurador Ordóñez que se ensañó con sus opositores o que le está haciendo mandados al Gobierno. Ignora, la mayoría de opinión pública, que fue su antecesor Edgardo Maya quien inició esas investigaciones y que, como en el caso de la Yidis-política, le dejó la ‘papa caliente’ al nuevo funcionario para quedar bien con todo el mundo, como solía hacer.

Si la Farc-política apenas inicia en este momento es porque a la Sala Penal no le ha dado la gana mover esos procesos. ¡Y no estoy pidiendo condenas!, sólo un trámite – y unos argumentos jurídicos – iguales a los que se han empleado en los casos de la para-política. ¡Nada de exigir plena prueba! Bastará con indicios para castigar a unos cuantos. ¡Que con los Farc-políticos también se olvide el derecho procesal y se aplique ese nuevo derecho penal que se inventaron los magistrados que ahora juzgan!

El enfrentamiento entre el poder Judicial y el Ejecutivo nos ha hecho mucho daño, pero mientras la justicia opere como bastión de la oposición, su legitimidad seguirá por el suelo y sus decisiones continuarán siendo sospechosas y endebles. 

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