martes 21 de septiembre de 2021 - 12:00 AM

Jueces, alcaldes y todos los demás

La seguridad urbana, junto con la generación de empleo de calidad, tienen que ser las prioridades del momento.
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Como en la canción de “songo le dio a borondongo”, alcaldes, fiscales, jueces y gobierno nacional se están echando la culpa de lo que nos está pasando en materia de inseguridad. Los hechos son tan graves y están ocurriendo todos los días en las principales ciudades de Colombia, que para lo que menos debería haber tiempo es para peleas inútiles. Este, en cambio, debería ser el momento de la coordinación entre todas las instituciones, pues solo así saldremos del peligroso coctel de robos, homicidios, microtráfico y delincuencia cada vez más organizada que aflige a casi todas las regiones con igual intensidad.

La cosa está tan peluda, que hace poco reportamos que en Bucaramanga, por ejemplo, los ladrones ya están dotándose de chalecos antibalas a la hora de cometer sus fechorías. Que la reactivación que debería tenernos a todos en las calles, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad mínimos, se haya convertido en un dolor de cabeza por cuenta de este brote de inseguridad, solo nos aleja de la meta de volvernos uno de los países de américa latina con mejores proyecciones y espanta cualquier inversión extranjera o dinámica de generación de empleo.

¿De quién es entonces la responsabilidad de que todo cambie? La respuesta es múltiple como multifactoriales son las raíces de este embrollo. Obviamente que, sin oportunidades sociales y laborales, a alguna gente solo le va quedando la opción del delito para sobrevivir, pero, por otro lado, están los que organizadamente promueven estas prácticas porque hacen parte de empresas criminales que son más grandes y que no están siendo debidamente perseguidas por fiscales y jueces.

Tiene razón la alcaldesa Claudia López cuando dice que la justicia no puede pasar de agache en esta discusión. Tiene razón cuando señala el excesivo garantismo en nuestro sistema penal que parece favorecer siempre los derechos de los victimarios por encima de los de las víctimas. Pero también tienen razón los jueces y fiscales cuando señalan a los mandatarios locales de no estar cumpliendo a cabalidad una función preventiva o cuando, por culpa de los sesgos ideológicos vale más pelear y dejar sola a la policía que ejercer como primera autoridad de los municipios y trabajar coordinadamente con la fuerza pública.

O dejamos de inculparnos unos a otros o los pillos seguirán haciendo de las suyas, aprovechando el desorden. La seguridad urbana, junto con la generación de empleo de calidad, tienen que ser las prioridades del momento.

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