lunes 27 de julio de 2020 - 12:00 AM

¡Ojo con las cárceles!

La gente que allí está como consecuencia de los delitos que cometió son ciudadanos con todos sus derechos humanos intactos y merecen atención en medio de estas condiciones tan difíciles
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Pasó lo que se sabía que ocurriría: el decreto expedido en el marco de la emergencia carcelaria resultó insuficiente y ni siquiera corriendo a excarcelar a aquellos que por ley tenían derechos represados y subrogados penales pendientes, se pudo contener la llegada del coronavirus a los centros penitenciarios del país. ¿De quién es la culpa? La verdad, es que de nadie. Por más preparados que estuviéramos, por menos hacinadas que tuviéramos las cárceles y por más salidas masivas de presos que nos hubiéramos inventado, pretender que la enfermedad no tocara estos lugares de reclusión, era imposible. Los guardianes, el personal médico o quienes abastecen de alimentos estos sitios pudieron haber llevado el coronavirus a varias de las cárceles y, a estas alturas, ya es imposible saber con precisión cómo llegó a cada una de ellas.

Preocupan las dos cárceles de la capital del país. La Picota con 928 contagiados ya detectados y, del Buen Pastor, genera intranquilidad el patio 4 de este centro que, al momento de escribir esta columna, había recibido algunos datos inquietantes de 357 pruebas que se mandaron a realizar en los últimos días: 122 internas resultaron positivas y 176 negativas lo que prácticamente pone a ese recinto a dividirse por mitades entre personas privadas de la libertad, sanas y contagiadas.

Según un informe publicado en Noticias RCN, aunque están tratando de que no se encuentren las enfermas con las que no tienen el virus, en semejantes condiciones es difícil de lograrlo y, por ahora, están siendo tratadas a punta de “agua de panela con moringa”. Triste panorama.

No obstante, el INPEC asegura que otros centros penitenciarios han estado peor y han logrado salir adelante: en la cárcel del Espinal había 600 casos positivos y hoy van en 125 casos activos, según fuentes de la entidad. Lo mismo ocurrió en la cárcel de Cali que, de 607 bajó a 45.

Con todo, es importante pararle bolas a lo que está pasando en nuestras cárceles. La gente que allí está como consecuencia de los delitos que cometió -o de las sospechas que pesan sobre ellos- son ciudadanos con todos sus derechos humanos intactos y merecen atención en medio de estas condiciones tan difíciles.

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