Pesos y contrapesos

Cuando hace 15 días el presidente Gustavo Petro anunció la salida, antes de Navidad, de un grupo de jóvenes detenidos con ocasión de las protestas de 2021, muchos nos preguntamos cómo podría hacerlo sin vulnerar el Estado de Derecho, ni saltarse a la rama judicial. Su declaración, así suelta, sonaba peligrosa y enviaba un pésimo mensaje a quienes creemos que puede construirse igualdad solo desde la legalidad.

Los días pasaron, la polémica se encendía en los programas de debate en la radio y la televisión, columnas se escribieron al respecto y, entonces, en un modo sereno pero con la suficiente contundencia, el poder judicial salió a manifestarse. El primero que lo hizo fue el presidente del Tribunal de Bogotá. Más tarde el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia. Luego vinieron la procuradora y el fiscal que terminó reunido con el primer mandatario para expresarle de frente sus puntos de vista al respecto.

Los ministros del Interior, Justicia y Defensa junto con el director del DAPRE o Secretario General de la Presidencia, conformaron, por expresa instrucción del presidente Petro, una comisión para evaluar caso por caso y la que parecía una frase desafiante que abría la puerta para que personas condenadas por delitos graves pudieran quedar en la calle por el simple capricho del jefe del Estado, fue encontrando un camino menos retador cuando se estrelló con la pared de una rama judicial vigorosa que salió a decir que la última palabra tendrían que tenerla los fiscales y los jueces.

El resultado: un decreto nombrando como voceros de paz a menos de 10 personas, ninguno condenado y todos sindicados por conductas que constituyen delitos, pero que no son los más horrendos que se cometieron durante esas protestas: el homicidio, la tortura o los delitos sexuales por los que varios de estos jóvenes terminaron procesados.

El verdadero resultado para mí, sin embargo, es otro: los pesos y contrapesos en este país, por fortuna siguen funcionando. La justicia reclamó su independencia y el poder Ejecutivo tuvo que respetarla. Y es que aún cuando los presidentes se sientan respaldados por la gente, con índices de popularidad aceptables, las cosas en Colombia no pueden dejar de funcionar conforme a nuestra Constitución y haría bien la rama legislativa también en ejercer su soberanía cuando le corresponda. Pruebas de fuego vendrán el año entrante con las reformas pensional, de salud y laboral que ya se han anunciado. Nuestra democracia necesita, ahora más que nunca, a todos los poderes públicos actuando armónicamente pero siendo autónomos cuando más toca.