Definitivamente la corrupción no conoce límites. Están los bandidos que se roban los recursos de la alimentación o educación de nuestros niños; los que desangran el sistema de salud y los que, en épocas de pandemia, cobran latas de atún a 20 mil pesos y abusan de la contratación directa para favorecer a amigotes con miles de millones de pesos en kits alimentarios.
Por eso, complace ver a las ‘ías’ por fin caminando juntas para el mismo lado y haciéndolo a paso acelerado. El procurador suspendiendo y llevando a buen término las investigaciones disciplinarias. El contralor haciendo uso de sus nuevas facultades preventivas para actuar antes de que la plata se pierda y sea imposible recuperarla mediante juicios fiscales que nunca terminan en nada. El fiscal general, capturando a algunos alcaldes, imputando cargos a otros y llamando a interrogatorio a varios más que creyeron que en medio de la crisis del coronavirus podían hacer lo que se les diera la gana. De verdad, ¡tienen huevo los corruptos! Ni en unas circunstancias tan delicadas, hacen pausa en sus fechorías y, al contrario, se aprovechan de la vulnerabilidad de muchos para incurrir en estos actos.
Ahora bien, las 189 acciones investigativas, 393 inspecciones y 264 órdenes de policía judicial desarrolladas por el ente investigador, no pueden quedarse allí. El desafío para el fiscal Francisco Barbosa en su recta inicial (cumplió sus primeros 100 días) y para el procurador Fernando Carrillo en su trayecto de salida (le quedan 8 meses en el cargo), es demostrar que las “exhaustivas investigaciones” en Colombia sí pueden terminar en algo. Que se logren condenas en menos de 6 meses -como prometió Barbosa en una entrevista en la Revista Semana- y que se inhabilite a los gobernantes que lo están haciendo mal para que no se vuelvan a acercar a la política y a los recursos públicos.
Que respondan los de los municipios pequeños, pero que también tiemblen los de las ciudades grandes que estén incursos en delitos. Que 12 de 32 Departamentos del país estén bajo la mira de los organismos de control, debería ser un campanazo de alerta que persuada a quienes tienen la tentación de robar para que no lo hagan pues han quedado notificados de que la cosa es en serio.
Ps. El alcalde de Girón ha sido llamado a interrogatorio. Si no logra dar explicaciones serias, ¡que le caiga todo el peso de la ley!
