62 son las invasiones reportadas en distintos puntos del país. 62 propietarios que adquirieron, en toda ley, sus fincas, casas o que construyeron empresas o tienen ingenios azucareros que generan miles de trabajos y han visto perturbados en las últimas semanas sus derechos.
Mientras todo esto pasa, la policía parece turulata -en palabras de nuestro colega Gustavo Gómez- y, en efecto, aunque el código de policía, las leyes y hasta nuestra Constitución Política establecen con claridad los límites de la protesta y la defensa de la propiedad privada, el gobierno no ha sido capaz de controlar este tipo de situaciones y los mensajes que se envían parecen dejar clara una cosa: en Colombia la legítima autoridad representada en sus fuerzas militares y de policía está refundida.
A pesar de que la ministra de agricultura Cecilia López repite y repite que por la vía de las invasiones no se logrará la reforma agraria que el gobierno pretende, tal parece que en el ministerio de defensa no terminan de copiarle. Y comienzan las contradicciones. Mientras el general Henry Sanabria, director de la Policía, dice que hay pruebas que demuestran que detrás de varios de esos hechos están organizaciones criminales como las disidencias de las Farc, el ministro de defensa, Iván Velásquez, advierte, apenas unas horas después, que tales aseveraciones no están plenamente confirmadas. Y mientras se tiran la pelota y el presidente Gustavo Petro advierte que los propios dueños con títulos pueden “ordenar” la intervención de la policía, nadie, en realidad, hace nada para ponerle coto a estos eventos que van haciendo carrera y que, cuando menos pensemos, se convertirán en una corriente imposible de detener.
En el fondo, insisto, lo que existe es una pérdida de autoridad y respeto por las instituciones que deberían poner los límites correspondientes a las vías de hecho que se están tomando al país. No es un asunto de izquierdas o de derechas sino de ejercicio legítimo de autoridad por parte de quienes pueden hacerlo, según las normas que nos rigen. La denegación de estas acciones o la falta de confianza en quienes tienen que asumir estas responsabilidades nos pueden llevar a escenarios ciertamente catastróficos, como el germen de pequeñas guerras civiles en determinados territorios, el resurgimiento de grupos privados en armas o la llamada “justicia por mano propia”.
Ojo presidente Petro: darle instrucciones precisas a la policía y al ejército para que se restablezcan los derechos y proteger a todos los colombianos y no solo a algunos sectores poblaciones, será clave para que el cambio que propone sea verdaderamente sostenible.
