Sólo quienes hoy tienen más de 46 años recuerdan lo que es vivir en racionamiento eléctrico diario por 11 meses. No olvidamos por ejemplo el origen de programas radiales como “La Luciérnaga”, o que tuvimos que adelantar los relojes una hora para usar más la luz del sol, o que madrugamos más, o que muchos compraron plantas eléctricas, o que esto le significó un importante costo a la economía colombiana.
Como sucede en casos como este la historia pasa y las razones se desvanecen. Entre las causas de lo sucedido se cuentan un sistema eléctrico 100 % estatal y con criterios políticos y no técnicos, pocos incentivos para el desarrollo de proyectos de inversión eléctricos, un sistema que drenaba recursos fiscales del estado, una intensa sequía por el fenómeno del niño y un sistema tarifario que dependía de la política.
Lo anterior llevó a hacer ajustes importantes como las leyes 142 y 143, motivar un sistema mixto (público y privado) para invertir en el sistema, conceder incentivos y crear sanciones al desarrollo de proyectos, crear un cargo por confiabilidad para los momentos de sequía, crear entidades independientes para orientar y ejecutar la política energética, implementar sistemas subsidiados a estratos más bajos y contribuir a llevar energía a zonas rurales y un sistema tarifario en la CREG alejado de los intereses o intervenciones de los políticos.
Los resultados no se hicieron esperar. Colombia logra una cobertura energética al 96 % en zonas rurales y urbanas; contamos con una tarifa por debajo del promedio de Latinoamérica y al incorporar subsidios una tarifa mucho más competitiva en la región; buenas inversiones de largo plazo en el sistema y la nación en américa latina con una de las mejores relaciones tarifa-confiabilidad con únicamente dos años de apagón, cuando la mayoría tiene más de 7 años con dichos hechos. Aún hoy incluso, a pesar de los aumentos por razones diversas, al comparar el costo del servicio residencial del kilovatio/hora este es un 16 % inferior al que se presentaba en 1991 en relación a la capacidad de compra del salario mínimo.
El riesgo es que se están sumando razones que eventualmente nos pudiesen llevar de nuevo a repetir los errores del pasado. Hoy está en entredicho el papel más técnico e independiente que ejerce la CREG y se intentó intervenir sus decisiones para basarlas en la política en adición a situaciones de interinidad. Hoy preocupan propuestas de decisiones que desde Minminas plantean controles de precios o restricciones a plantas generadoras. Hoy el Plan de Desarrollo aprobó un incremento en los costos de las inversiones en fuentes renovables que junto con decisiones de la última reforma tributaria borró prácticamente todos los beneficios fiscales para invertir en la transición energética. Hoy los proyectos de transmisión así como las inversiones en energías no convencionales adolecen retrasos por licenciamientos o intervención de las comunidades. Hoy hay atrasos en entradas de megaproyectos energéticos. Y hoy se avecina al 86 % un fenómeno del niño de nuevo.
Aprendamos del pasado y no repitamos lo mismo sucedido. Las generaciones que lo vivimos, y que usamos menos tenis, sabemos el gigante costo económico de lo que aconteció en 1992.
