Publicado por: Juan Manuel Galán
Tradicionalmente la lucha contra las drogas y el tratamiento de la adicción han sido concebidos como un problema judicial donde el Estado actúa como agente represivo dentro de un escenario de lucha que se conoce como “guerra contra las drogas”. El consumidor de sustancias psicoactivas es considerado un delincuente y su adicción, una conducta que merece la privación de la libertad.
Seamos sinceros, sabemos que no estamos hablando de criminales sino de seres humanos en situación de “enfermedad” que merecen atención por parte del Estado. Sensible a esta realidad y de acuerdo con la política del Ministerio de Salud, presenté un Proyecto de Ley que busca el reconocimiento del consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas como un asunto de salud pública. El pasado martes 5 de junio, la Cámara lo aprobó en último debate.
Es la primera vez que Colombia reconoce la drogadicción como un problema de salud pública. Sin embargo, la aprobación de este Proyecto de Ley ha generado interpretaciones erróneas que promueven la idea de una contradicción irreconciliable entre hacer efectivo el derecho fundamental a la salud de los colombianos y el cuidado de las finanzas del sistema de salud en nuestro país.
Este falso dilema, parte del análisis de la atención a la drogadicción desde la viabilidad económica. ¿Será que los 43 billones de pesos invertidos cada año en el sistema de salud no alcanzan para atender a todos? ¿Dónde están esos recursos? ¿Cómo y en qué se están invirtiendo?
La corrupción es la verdadera hemorragia que padece el sistema. Esta no puede ser la excusa para dejar a los adictos sin tratamiento.
El Proyecto de Ley busca que el Estado gradualmente cumpla con las obligaciones que por vía de tutela le vienen imponiendo las Cortes; que las entidades de salud puedan planear anticipadamente el costo de tratamientos, cuya inclusión estaba prevista desde la administración Uribe; y finalmente, que el sistema de salud pueda contrarrestar la crisis vaticinada por el mandato judicial. Adicionalmente el proyecto prevé que los tratamientos harán parte del POS, por lo que los recursos serán tomados de los aportes al sistema de salud y será la Comisión de Regulación de Salud la que definirá su incorporación dentro de la unidad de capitación. Finalmente, la iniciativa legislativa contempla que podrán utilizarse recursos del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado - FRISCO - para la implementación y financiación de estos tratamientos.
