Desde que se declaró el estado de emergencia el pasado 17 de marzo, entramos en nuestro país en un régimen hiperpresidencialista. En un periodo un poco mayor de cuatro meses, el Ejecutivo ha promulgado más de cien decretos sobre múltiples temas con el fin de mitigar la grave crisis generada por el COVID-19 y aunque se presume la buena fe en su expedición, varios han causado polémica en el país. Uno de los más controversiales en la opinión pública fue el que recientemente declaró inconstitucional la Corte Constitucional sobre la reducción durante dos meses de los aportes pensionales de 16% a 3% y que obligó a las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP) a trasladar los recursos de sus jubilados por retiro programado a Colpensiones. Así, en su decisión declaró su inexequibilidad porque “este es un crédito que toma el Gobierno, que en última instancia es el que va a responder por el dinero”. De esta manera se salvan los recursos de todos los colombianos. En cuanto al control político a los citados decretos ley, se destaca la ausencia del Congreso de la República. Sorprende que el Legislativo a la fecha no haya ejercido control con el rigor, la seriedad y responsabilidad que exige la crisis y que se haya dedicado a hacerlo por redes sociales y no en una sesión formal. De no ser por la Corte Constitucional, el estado de derecho estaría seriamente amenazado.
Además de lo anterior, el viernes pasado muchos congresistas criticaron que se haya declarado inconstitucional el decreto de subsidios en servicios públicos, con el argumento de no tener completas las firmas de todos los ministros. Desconocen estos “legisladores” del partido de Gobierno que este es un requisito formal que no puede ser subsanado “mágicamente” y que además la misma Secretaría Jurídica de Presidencia le solicitó al alto tribunal que lo tumbara por esa “pequeñez”. Un gesto honesto, de lealtad procesal pero incomprensible. ¿Cómo entender que la Presidencia expida un decreto y se le olvide completar la firma de los ministros? De acuerdo a lo anterior, no se entiende como estos congresistas de forma mezquina buscan desacreditar el trabajo de la Corte. Buscan acabar la institucionalidad con afirmaciones que como hemos visto en nuestro país, ponen en peligro la integridad de todos los magistrados y sus familias.
