domingo 27 de septiembre de 2009 - 10:00 AM

No desviemos las investigaciones

El editorial de El Tiempo del miércoles 23 de septiembre hace un llamado a pensar el futuro de los servicios de inteligencia del Estado. Es una invitación sensata animada sin duda en no quedarnos solamente en aceptar la decisión del Ejecutivo de liquidar el Departamento Administrativo de Seguridad – DAS. El editorial resalta el hecho de que no basta tener una ley para acabar con el fenómeno de las chuzadas.

No obstante lo anterior, lamentablemente, el Diario deja la sensación de que el problema está en parte en la ley de inteligencia a la cual considera excesivamente tímida. Diferimos de la opinión del Periódico en los siguientes aspectos:

En primer lugar, es importante reconocer lo que significa para Colombia la ley 1288 de 2009. Esta ley es fruto de un consenso político entre el Ejecutivo, los partidos de la coalición de gobierno y las bancadas de oposición. Fue el Partido Liberal el que lideró que este texto legal garantizara una adecuada protección de la oposición política, de los defensores de derechos humanos, los sindicalistas y todas las potenciales víctimas del mal uso de los servicios de inteligencia. El Partido Liberal y el Polo Democrático Alternativo en compañía de otros partidos votamos favorablemente esta iniciativa.

Este hecho nos debe llevar a poner los ojos no en la ley, sino en la aplicación de la misma por parte de las autoridades competentes.

En este sentido es conveniente aclarar que sí existen mecanismos de control judicial para la interceptación de comunicaciones. El artículo 10 de la ley prevé que toda operación de inteligencia debe ser aprobada siguiendo un estricto procedimiento al interior de las instituciones autorizadas para realizar actividades de inteligencia y obliga a aplicar las normas del Código de Procedimiento Penal para algunas de sus actividades, especialmente cuando se trata de la interceptación de comunicaciones. Las normas del Código de Procedimiento Penal exigen el control por parte de las autoridades judiciales de las interceptaciones.

Se critica en el editorial la ausencia de ciertas definiciones como la de 'inteligencia estratégica'. En la propuesta inicial del Partido Liberal, ésta había sido incluida, durante el debate se consideró innecesario incluir ésta y otras definiciones en aras de facilitar la aplicación del principio de coordinación que debe regir las actividades de las autoridades públicas. Este hecho se vio compensado en que el marco legal de cada una de las agencias de inteligencias no fue modificado. En consecuencia pueden coordinarse pero no pueden ir más allá de lo que la ley de creación les permite.

En cuanto a la acción del Congreso en la materia en abril del presente año a instancias del Partido Liberal se expidió la Resolución que reglamenta la conformación de la misma. En conclusión creemos que la problemática no está en la ley, antes bien, ésta es la que facilita identificar cuando estamos ante usos abusivos de la inteligencia. Es por ello que no queremos que la liquidación del DAS además de introducir el riesgo de que se desvíen las investigaciones, sirva como pretexto para desviar el análisis de la situación echándole la culpa a una ley consensuada.

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