viernes 01 de octubre de 2021 - 12:00 AM

Finanzas públicas departamentales

Escuchar este artículo

Luego del primer año de gobierno de la administración departamental, una pandemia y la publicación de informes por parte de algunas entidades nacionales, particularmente del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y del Departamento Nacional de Planeación (DNP), vale la pena hacer un balance de las finanzas públicas. La crisis sanitaria de la COVID-19 generó una doble presión: por un lado, un deterioro de la capacidad de pago de los contribuyentes y, por otro, la necesidad de mayor inversión, lo que demanda tomar decisiones que permitan encauzar la gestión financiera durante los próximos años.

Con corte a 2020, los ingresos departamentales fueron de 1,59 billones (sin contar las regalías que sumaron 329.000 millones). El recaudo total tuvo una reducción del 20% frente a 2019, debido al confinamiento y al ciclo político presupuestal, dentro del cual el primer año se enfoca especialmente en la planeación. De esta manera y según el MHCP, los impuestos de estampillas, licores, sobretasa a la gasolina, y registro y anotación evidenciaron una variación negativa producto de los cierres y la desaceleración de la actividad económica. Adicionalmente, la participación del mercado de cigarrillos ilegales ha aumentado significativamente y la pérdida debida a un menor recaudo se estima en 34.000 millones. Por todo lo anterior, aumentó la dependencia de las transferencias de la nación.

Los gastos (distintos a las regalías) fueron 1,41 billones, los cuales presentaron una disminución del 23% en relación a 2019. Sin embargo, el rubro de gastos de personal aumentó 57% al llegar a 68.000 millones. Asimismo, hay dos pasivos históricos a los cuales se les debe hacer un estricto seguimiento: las pretensiones de las demandas judiciales que, si bien disminuyeron en casi 50%, siguen siendo altas sumando 400.000 millones. Esto sin tener en cuenta las pretensiones contra las entidades descentralizadas que alcanzan otros 400.000 millones. Y la segunda obligación que merece atención es el pasivo pensional; Santander sigue lejos de alcanzar el aprovisionamiento adecuado.

En este sentido, el DNP disminuyó la calificación del desempeño fiscal de la gobernación de “vulnerable” a “riesgo”, un nivel por encima del más bajo que se denomina “deterioro”. De ahí que se requiere: acelerar la reactivación económica, austeridad en el gasto de funcionamiento, depurar e implementar estrategias de control a los pasivos, seguir fortaleciendo los esfuerzos para prevenir el contrabando de cigarrillos y bebidas alcohólicas, y garantizar una inversión pública pertinente y transparente.

Autor
Este artículo obedece a la opinión del columnista. Vanguardia Liberal no responde por los puntos de vista que allí se expresen.
Otras columnas
Publicidad
Publicidad
Publicidad