viernes 17 de septiembre de 2021 - 12:00 AM

¿Hacia un Estado abierto?

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Colombia transita por un camino decisivo para sus instituciones, que demanda una conexión con la realidad y la implementación de soluciones audaces. Los últimos resultados de la encuesta de Invamer siguen levantando banderas rojas sobre el panorama político y social en el que vivimos. La desfavorabilidad hacia la Presidencia, los órganos de control y el sistema de justicia, llegaron a sus niveles más altos desde hace dos décadas. La opinión negativa acerca del Congreso y los partidos políticos superó incluso a la de las FARC que alcanzó el 85%. Y la tendencia del porcentaje de encuestados que considera que la corrupción está empeorando es creciente y se situó en el 91%.

Ante este contexto, el Departamento Nacional de Planeación publicó el borrador de lo que ha denominado la primera política pública de “Estado abierto” en el país. El documento CONPES define este concepto como un modelo de gobernanza que integra a diferentes sectores de la sociedad (público, privado y sociedad civil) y diferentes componentes (transparencia, integridad, legalidad, corresponsabilidad y lucha contra la corrupción) con el fin de aumentar la confianza institucional y el relacionamiento entre el Estado y la ciudadanía. Asimismo, el documento señala que, gracias a la aprobación de esta política, Colombia sería líder internacional en la materia.

Si bien se evidencia un admirable esfuerzo de compilación de herramientas, este deja mucho que desear. Primero, se señala la integración de los organismos del Estado, pero no hace una evaluación de los principales responsables de la política: los órganos de control y la justicia, a los que tampoco se les hacen recomendaciones. Hay que sincerarse. No se van a ver cambios con los actuales niveles de impunidad. Segundo, no se abordan asuntos electorales, donde está el corazón de la corrupción y la ineficiencia del Estado. Tercero, no se mencionan arreglos de la estructura organizacional del Estado. Por ejemplo, ¿no valdría la pena reformar o eliminar la Secretaría de Transparencia, que se ha caracterizado por su ausencia? Cuarto, no se incluye un solo indicador de resultados. Son una lista de productos como planes de acción, protocolos, guías, lineamientos, etc. Y quinto, se pretende aumentar la confianza ciudadana con un presupuesto de 2.500 millones de pesos en cuatro años. ¿Por qué no incluir los billones de pesos asignados a los órganos de control?

No más mímica. Se requieren medidas eficaces y pertinentes, lo que abordaré en la próxima columna.

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Este artículo obedece a la opinión del columnista. Vanguardia Liberal no responde por los puntos de vista que allí se expresen.
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