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Juan Pablo Remolina
Jueves 26 de noviembre de 2020 - 12:00 PM

Más competitividad, más productividad

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El pasado martes, el Consejo Privado de Competitividad (CPC) puso a consideración del país un diagnóstico riguroso y recomendaciones puntuales para salir de la crisis producto de la COVID-19, a través del Informe Nacional de Competitividad 2020-2021. Con reconocidos expertos, la participación de empresarios y del gobierno nacional, el lanzamiento del informe evidenció un diálogo envidiable en materia de políticas públicas.

El CPC nos recordó la importancia de mantener el foco en la competitividad, entendida como el conjunto de políticas, instituciones y factores que determinan el nivel de productividad del país. En esta materia, Colombia muestra un decrecimiento del 0,4% del PIB en este siglo. Según Santiago Levy, investigador del Instituto Brookings, Colombia es un país improductivo y una de sus principales causas es la existencia de un sistema de protección social que subsidia la informalidad y castiga a la formalidad con costos excesivos. No en vano, el 66% de las empresas y el 62% del empleo son informales, respectivamente. Y solo el 5% de las empresas generan el 85% del empleo formal. Si se quiere bajar la tasa de desempleo del 16%, Levy y el CPC sugieren una reforma que reduzca los costos asociados a la contratación formal.

Asimismo, la educación ha sido otro de los principales aspectos con mayores afectaciones. De acuerdo con el CPC, debido al cierre de los colegios y la falta de conectividad, se estima una pérdida de 11 meses en el proceso de escolaridad que se suma a una brecha existente de casi tres años frente a un estudiante promedio de la OCDE en conocimientos básicos como matemáticas, lectura y ciencias. De ahí que se recomienda evaluar las pérdidas de aprendizaje y establecer medidas de remediación.

Por último, cualquier esfuerzo de reforma será en vano ante los actuales niveles de corrupción. El informe señala que, según Transparencia por Colombia, el 40% de los colombianos aceptó sobornos o favores a cambio de su voto, y que la Contraloría emitió 495 alertas por contratos relacionados con la COVID-19 por 506.000 millones. En ese sentido, la reforma a la financiación de las campañas y la inclusión de un contenido anticorrupción en el currículo educativo, siguen siendo una prioridad. El informe del CPC aborda muchas otras temáticas e imprime un aire fresco y técnico al debate público. Un documento de obligada lectura.

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