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Juan Pablo Remolina
Jueves 23 de julio de 2020 - 12:00 PM

Más leyes anticorrupción

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El 85% de los colombianos percibe que la corrupción ha empeorado, según la última encuesta bimensual de INVAMER. De esta manera, el porcentaje de encuestados que considera que esta problemática no mejora, alcanzó su punto más alto en este gobierno y muestra una tendencia creciente desde 2008, año en el que se empezó a hacer esta medición. Los últimos anuncios de los órganos de control confirman lo percibido por la ciudadanía.

Según la Contraloría General de la República, a la fecha se han identificado 1.300 obras inconclusas y proyectos críticos que suman más de 20 billones de pesos. Asimismo, este órgano de control alertó de posibles sobrecostos por 506.000 millones de pesos en contratos para hacerle frente a la pandemia. Y la Procuraduría General de la Nación evidenció que financiadores de campañas políticas han visto un “retorno” del 940% al aporte realizado producto de la celebración de contratos, pese a estar inhabilitados para participar en este tipo de procesos contractuales.

Para combatir el flagelo de la corrupción, el Presidente de la República, en su intervención del 20 de julio, mencionó con satisfacción que se hubieran aprobado las siguientes leyes: implementación de los pliegos tipo en las obras de infraestructura; publicación de la declaración de bienes y rentas por parte de altos funcionarios del Estado y abolición de la casa por cárcel para los corruptos. Adicionalmente, el Presidente sancionó hace unos días la ley que crea el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas y anunció la presentación de una nueva ley integral de lucha contra la corrupción.

Todos estos esfuerzos son valiosos, pero no tendrán el impacto esperado si no hay una medición del cumplimiento de las normas y sanciones ejemplarizantes. De ahí que es paradójico que mientras se siguen anunciando nuevas normas, la Procuraduría General de la Nación haya eliminado el Índice de Gobierno Abierto (IGA) que medía el nivel de cumplimiento de normas anticorrupción. Habrá oportunidades de mejora a nivel normativo, pero lo que se necesita es que se hagan realidad. Los órganos de control y la justicia deben acompañar los anuncios de hallazgos y alertas con mediciones, sanciones, fallos y el monto de recursos recuperados.

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