No hay transición energética sin transición productiva

Es indiscutible la urgencia con la que el mundo debe orientar esfuerzos hacia una transición energética, es decir, cambiar de un sistema energético de altas emisiones de carbono, basado en los combustibles fósiles, a uno de bajas emisiones, soportado en fuentes renovables. La discusión reside en el “cómo”. De ahí que al concepto de transición energética en Colombia le han puesto múltiples apellidos: justa, sostenible, gradual, ordenada, inteligente, responsable, incluyente, etc. Dentro de estos adjetivos hay un elemento sin el cual no será viable: la transición productiva, que no es más que la diversificación y sofisticación económica del territorio.

De manera reiterada se menciona la necesidad de disminuir la dependencia de la industria minero-energética. Algunos consideran que lo mejor es simplemente “apagarla”, como si fuera un botón que hay que oprimir. Bajo esta óptica, en la medida en que se desincentiven estas actividades “sucias”, estaremos contribuyendo a un mundo mejor. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. Como bien lo señaló Darío Echandía, “esto no es Dinamarca, sino Cundinamarca”.

Lo estamos viendo en la Jagua de Ibirico, Cesar, con el cierre de las minas de carbón de la empresa Prodeco. Eso significa un desplome del 80 % de la dinámica económica del municipio. La minería generaba 5.000 empleos en un pueblo de 21.000 habitantes. La pandemia es un episodio anecdótico ante el desastre social y económico que se vive en esta región. Hoy hay desolación, pobreza y hambre.

Pero, para que haya una transformación productiva, se requiere un entorno atractivo para la inversión privada: vías, educación, salud, saneamiento básico, seguridad, justicia, etc. Eso significa recursos, calidad del gasto y una regulación que incentive la creación de empresa y genere bienestar a los ciudadanos. En 2022, la industria minero energética aportó 70 billones de pesos a las arcas del Estado, una fuente de recursos que hay que cuidar y de la cual no se puede prescindir. Todo lo contrario, se debe promover, mientras sea posible, para financiar las transición energética y productiva.

En el mismo sentido, reformas como la laboral y la de salud, que aumentarían el desempleo, la informalidad y que ponen en entredicho los beneficios alcanzados en materia de aseguramiento, generan un entorno adverso al desarrollo. Colombia y las regiones necesitan políticas adaptadas a sus condiciones socioeconómicas e inversión pública y privada, que generen progreso en las comunidades y capacidades en los territorios para hacer una mayor contribución al planeta.