Durante 10 días estuvo bloqueada la navegabilidad por el río Magdalena debido a protestas por parte de comunidades de San Cristóbal (Bolívar) a la altura del kilómetro 25 del canal del Dique. Con canoas amarradas a cuerdas que impedían el paso, se represaron más de 150.000 toneladas de carga transportadas en 16 remolcadores y 122 barcazas. Eso equivale a más de 7.000 camiones inmovilizados. La carga contenía principalmente combustible, alimentos y cemento. Las refinerías de Cartagena y Barrancabermeja no podían evacuar los 30.000 barriles de combustible producidos al día (1,3 millones de galones). Para algunos, si se prolongaba esta situación hubiera habido riesgo de desabastecimiento de combustible en el país.
Finalmente, y luego de reiterados incumplimientos, a las comunidades se les atendió con la entrega de la maquinaria amarilla que estaban solicitando y levantaron el paro. Gracias a los medios de comunicación, se pusieron los reflectores sobre esta problemática. Sin embargo, se requieren más voces del sector público, privado y social que promuevan la defensa del río Magdalena y de sus comunidades aledañas. Tal como lo señaló el antropólogo, Wade Davis, “el Magdalena es la historia de Colombia. Todos tienen una amnesia sobre el río. Le dimos la espalda al río que le dio vida al país. La gente ha tratado el río como un cementerio y un basurero. Es el momento de devolverle todos estos años de indiferencia y darle la cara”.
Ante estas circunstancias, ¿qué tal si se conforma una alianza por el río Magdalena de la que hagan parte parlamentarios, gobernadores, alcaldes, gremios, organizaciones sociales e instituciones académicas interesados en su desarrollo? ¿Qué tal hacer del río de la patria, un motor de unión, vida y progreso para el país, en lugar de un foco de conflictividad y desunión? ¿Cómo fortalecer a Cormagdalena que tiene como funciones garantizar la navegabilidad del río y el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades ribereñas?
Pero más allá de la orfandad de esta importante arteria que atraviesa al país, el episodio del bloqueo deja un mal precedente, que se suma a las invasiones a la propiedad privada y la explosión de las manifestaciones por las vías de hecho. La población tiene requerimientos legítimos. No obstante, ¿hasta qué punto las protestas pueden vulnerar los derechos de los demás y poner en riesgo el interés general? ¿En dónde están la institucionalidad y el orden? El desarrollo y una democracia sólida se soportan en el respeto por el Estado de derecho.
