viernes 14 de febrero de 2020 - 12:00 AM

Transparencia y participación: ¿gesto de cortesía?

¿No hay suficiente evidencia que demuestra que la ciudadanía pide a gritos transparencia y participación?
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Paradójicamente, los comités consultivos, con los que se buscaba abrir un espacio de participación ciudadana previo a la aprobación de los proyectos de regalías, ahora podrán no ser consultados.

La Ley 1530 de 2012, por la cual se regula el Sistema General de Regalías (SGR) estableció como dos de sus objetivos “propiciar mecanismos y prácticas de buen gobierno” y “propiciar la inclusión, [...] participación y desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, del pueblo rom o gitano y de los pueblos y comunidades indígenas”.

En este sentido, la transparencia y la participación ciudadana siempre habían sido un derrotero del SGR. De ahí que la Ley 1530 señale que la instancia que aprueba los proyectos, es decir, el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) “conformará comités consultivos, los cuales serán consultados obligatoriamente” con el fin de “analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental de los proyectos de inversión”.

Para darle fuerza a estos comités, se estableció que sus miembros podrían ser representantes de las Comisiones Regionales de Competitividad, de los Consejos Territoriales de Planeación, de agremiaciones económicas y profesionales, de las organizaciones sociales, delegados de comunidades étnicas, instituciones de educación superior, etc.

Y por último, la norma les asigna la función a las entidades territoriales de promover la participación ciudadana para el control social en la formulación, priorización, ejecución y evaluación de los proyectos. Sin embargo, la Ley 1942 de 2018 hace un cambio sustancial.

Ahora, los OCAD “podrán crear comités consultivos [...] cuando así lo consideren”. Por consiguiente, los comités consultivos quedan a merced del OCAD. La transparencia y la participación ciudadana en la aprobación de proyectos del SGR se convierten en un saludo a la bandera. Ahora, será un gesto de cortesía tener en cuenta a las comunidades.

¿No hay suficiente evidencia que demuestra que la ciudadanía pide a gritos transparencia y participación ciudadana? ¿No es conveniente que la participación ciudadana tenga espacios institucionales para canalizar sus inquietudes previo a la aprobación de los proyectos? La ley que cursa en el Congreso y que regula nuevamente el SGR es una oportunidad para corregir esta situación y velar por el cumplimiento de los principios del buen gobierno.

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