¿Un derecho llave?

El 28 de septiembre se celebró el Día Internacional del Acceso Universal a la Información, lo que merece revisar su alcance y desafíos en Colombia. En marzo de 2014, gracias al incansable compromiso de la Alianza Más Información Más Derechos, se aprobó la ambiciosa Ley 1712, denominada Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública. Desde entonces, este derecho se convirtió en un derecho fundamental, es decir, que es necesario para tener una vida digna y es una condición inherente al ser humano. No es para menos: tenemos en nuestras manos un derecho llave que nos permite tener acceso a otros derechos ecónomicos, sociales y políticos. Por ejemplo, no se puede ejercer de manera efectiva el derecho a la participación, si no se cuenta con información sobre la gestión pública.

Las entidades, a las cuales les aplica la Ley, suman más de 60.000 e incluyen a las cámaras de comercio, órganos de control, universidades públicas, notarías y partidos políticos, entre otros. Por un lado, estas entidades deben responder de manera oportuna, veraz, completa y comprensible a las solicitudes de información, lo que se denomina transparencia pasiva. Y por otro lado, a través del ejercicio de la transparencia activa, deben divulgar de manera proactiva la información pública (por ej. hojas de vida, presupuesto, horarios de atención, etc.), excepto aquella que está restringida por la ley.

Sin embargo, si bien hay avances significativos en la implementación de esta Ley, hay un largo camino por recorrer. Según la Defensoría del Pueblo, en 2019, el derecho de petición siguió siendo el más invocado a través de la tutela con más de 244.000 acciones, lo que representó el 40% del total de tutelas en el país. Es decir, miles de personas deben recurrir a este mecanismo para obtener una respuesta adecuada. Asimismo, según la iniciativa ciudadana de medición MOTA (Monitoreo de Obligaciones de Transparencia Activa), la cual fue aplicada en 2019 a 32 entidades nacionales, se encontró que en promedio alcanzan un puntaje de 26 puntos sobre 100. Estos resultados demuestran que no se debe desfallecer en el proceso de cambiar la cultura de la opacidad por una cultura de la transparencia, la cual no sólo permite luchar contra la corrupción, sino sobre todo el goce efectivo de los derechos.