El 13 de abril comenzó a regir en Bogotá el decreto 106 de 2020, conocido como Pico y Género.
Es entendible y necesario que la Alcaldía tome medidas que garanticen la salud pública, al tiempo que permitan a las personas abastecerse y acceder a servicios esenciales.
Sin embargo, esta medida es ineficaz, desacertada y posiblemente inconstitucional.
La medida está basada en lo que en el orden constitucional se considera un criterio sospechoso de discriminación (sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica). Cuando esto sucede, debe aplicarse un “juicio integrado de igualdad”, el cual, como lo explica una carta enviada a la Alcaldía, “busca establecer si el fin es legítimo, importante e imperioso y si el medio es legítimo, adecuado y necesario, es decir, si no puede ser reemplazado por otro menos lesivo”.
En este caso, aunque el fin es “legítimo, adecuado e imperioso” el medio no cumple ninguno de los tres criterios pues no es “legítimo, adecuado ni necesario” y resulta lesivo para poblaciones históricamente discriminadas: mujeres y personas trans, no binarias y con expresiones de género no hegemónicas.
Pese a sus loables intenciones la medida pone en riesgo la vida de las personas trans y no binarias al exponerlas aún más al acoso y la violencia policial, y pone en riesgo la salud de las mujeres cisgénero (no trans) al ocasionar aglomeraciones, largas filas y desabastecimientos durante los días designados para su salida.
Esto fue lo que sucedió en Perú. La medida se utilizó allí, pero el gobierno la derrocó tras reconocer su fracaso.
Debido a los estereotipos de género, el día que los hombres podían salir, las tiendas y mercados estaban relativamente vacíos. Pero el día de las mujeres se presentaban aglomeraciones y desabastecimientos. Además, se registraron varios casos de acoso y violencia policial y social contra personas trans.
Esta medida no protege la salud pública. Vulnera derechos, y afianza roles y estereotipos de género.
Muchas ciudades y países alrededor del mundo, incluida Colombia, están implementando otras medidas para proteger la salud pública, ¿por qué entonces replicar una que además de ser ineficaz vulnera derechos?