jueves 21 de octubre de 2021 - 12:00 AM

Un paso necesario hacia la equidad


Nuestra sociedad responsabiliza casi exclusivamente a las niñas y mujeres por los embarazos no deseados, aún en casos de violación.
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Columna de
Juliana Martínez

¿Qué pensaríamos de una ley que obligara a todos los hombres a hacerse vasectomías para prevenir los embarazos no deseados, y que, si no lo hacen, y sus relaciones sexuales “irresponsables” resultan en la fecundación de un óvulo, podrían ser condenados a entre 16 y 54 meses de prisión?

El solo pensar algo así muestra lo violento que resulta la idea de que el Estado intervenga en las decisiones sexuales y reproductivas de las personas y las persiga penalmente por incumplir dichas imposiciones.

Pero esto, que resulta tan evidentemente inaceptable cuando de hombres se trata, se hace todo el tiempo con las niñas y mujeres colombianas.

Nuestra sociedad responsabiliza casi exclusivamente a las niñas y mujeres por los embarazos no deseados, aún en casos de violación.

Así, en sociedades patriarcales como la nuestra, resulta mucho más fácil y cómodo condenar social y penalmente a las mujeres que abortan que modificar el comportamiento sexual de los hombres, o las expectativas sobre la paternidad.

¿Cuántos hombres, acérrimos opositores del aborto, se niegan a usar condones y jamás se harían una vasectomía, aunque este procedimiento sea reversible y seguro?

¿Cuántos pagan los métodos anticonceptivos de sus parejas sexuales y están realmente dispuestos a asumir la responsabilidad económica y de cuidado de esos hijos que parecen dejar de importarles tan pronto dejan de ser fetos y se convierten en niños con necesidades materiales y emocionales apremiantes y constantes?

Millones de hombres en Colombia simplemente no se hacen responsables de los embarazos que producen, pero sí insisten que sean llevados a término en contra de la voluntad, las condiciones socioeconómicas, y la salud física y/o mental de mujeres, niñas y otras personas gestantes.

La imposición de una maternidad forzada es una de las violencias más grandes que un Estado puede ejercer. En ese sentido, la Corte Constitucional tiene una oportunidad histórica.

Es hora de que el Estado reconozca la autonomía corporal, la salud y la vida de todas las mujeres y personas con capacidad de gestar en el país. Esto no solo es una deuda ineludible, sino un paso necesario y urgente hacia la equidad.

Autor
Este artículo obedece a la opinión del columnista. Vanguardia Liberal no responde por los puntos de vista que allí se expresen.
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