Nuestros deportistas merecen un aplauso cerrado por su presentación en los Juegos Nacionales y todos los torneos a los que asisten, porque logran vencer a sus rivales en las pistas de competición, y también la irresponsabilidad e incompetencia de nuestra dirigencia.
La semana pasada se celebró una misa solemne, con participación de altos jerarcas de la Iglesia Católica y la asistencia del Presidente y Vicepresidenta de la República, para recordar los 37 años de historia del aleve ataque del M-19 al Palacio de Justicia. Lo deplorable de esto, recordando las vueltas que da la vida, es la presencia justamente del grupo guerrillero en cabeza del propio presidente Gustavo Petro.
La historia recordará en el futuro la capacidad de perdón, y también olvido, de este desastre que tanto dolor causó a los colombianos, especialmente a la rama del poder judicial, ya que fue destruida la cúpula de la misma, reconociendo que ahí falleció lo más preclaro de ella, que hoy añoramos con nostalgia, y mucho más al saber los desafueros que algunos representantes del M-19 realizaron en años pasados.
La historia ha sido silenciosa en no mostrar la diferencia en los caminos de la justicia, mientras quienes delinquieron recibieron el perdón de sus deplorables actos y llegaron a las más altas posiciones del poder; los que defendieron las Instituciones del Estado han ido a la cárcel por defenderlas.
Tal vez por eso ha hecho carrera la idea de que quien destruye en sus vandálicos actos la propiedad privada y del Estado no es castigado, se pretende que eludan su responsabilidad, y los agentes que defienden las instituciones, la honra y bienes de los ciudadanos son castigados y muchas veces torturados. Ha hecho carrera que lo que hay que defender son los derechos humanos de los bandidos y que quienes defienden la institucionalidad carecen de estos derechos.
El vandalismo, el raponazo en las calles, ha hecho carrera. No se puede salir a la calle, quienes sacan los niños o las mascotas a recibir sol o a caminar como hábito saludable son víctimas de los criminales, la niñera tiene que entregar el celular ante el delincuente armado, asustando al niño que esta viendo en que país está creciendo.
Las comunidades tienen que unirse para que las empresas de vigilancia privada unidas puedan defender la vía pública, apoyados por la policía. El sistema judicial tiene que colaborar, no pueden seguir soltando al delincuente para que siga haciendo de las suyas.
Este artículo obedece a la opinión del columnista. Vanguardia no responde por los puntos de vista que allí se expresen.
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