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opinion/columnistas/luis fernando-rueda
Lunes 19 de noviembre de 2018 - 12:00 PM

Cuando salta la liebre

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La democracia constitucional viene siendo amenazada, como si se tratara de una enfermedad infecciosa, por una serie de tendencias políticas que buscan girar hacia regímenes que conecten directamente al pueblo con un líder, un caudillo, el cual generalmente hace a un lado las instituciones legítimas. El ejemplo más cercano para nuestro país está en Venezuela, que mira las horas de su agonía en el reloj de una Asamblea Constituyente, al mando del tenebroso Diosdado Cabello, que ya anunció que su tiempo puede ser infinito.

Si nos vamos para Europa, allí existe el surgimiento de unas democracias antiliberales. La hipótesis es del profesor italiano Giammaria Milani, de visita hace unas semanas en Bucaramanga. Este tipo de tendencias “establece regímenes semidemocráticos, especialmente en los países del Centro y Este del Viejo Continente, lo que configura una nueva forma de Estado cuyas particularidades son el autoritarismo, el decaimiento gradual de las garantías y el incremento de las crisis constitucionales”.

Hungría -pone de ejemplo- tiene una constitución escrita por una comisión de tres personas, aprobada en un mes, nunca debatida por el pueblo. Si una constitución es aprobada de esta manera no puede ser eficaz, estable, capaz de regular los poderes públicos, de garantizar los principios, los valores y los derechos de los ciudadanos.

Las constituciones son la representación más elocuente de lo que es la democracia. Y eso sirve tanto para lo bueno como para lo malo. Como la carta magna corresponde, en un Estado Social, a principios y valores, su interpretación queda bajo un amplio margen de discrecionalidad, y allí es cuando “salta la liebre”. En Colombia, la Constitución de 1991 ha sufrido, desde entonces, 47 reformas.

El último intento es del senador Ernesto Macías, presidente del Congreso, a quien se le ocurrió la idea de “provocar” al presidente Duque para que convoque una asamblea constituyente ante la ineficacia parlamentaria por no alcanzar a tramitar reformas, como la política o de la justicia. Los ciudadanos son los propietarios de la Constitución y no los políticos que, cada que se antojan, la vuelven instrumento de poder. O de cazar votos incautos.

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