lunes 09 de septiembre de 2019 - 12:00 AM

¿Cuánto vale una campaña política?

El 70 % de los dineros que utilizan los candidatos no se reporta debido a la violación de esos topes o porque corresponden a recursos ‘prohibidos’.

Las próximas elecciones regionales, el 27 de octubre, le cuestan al erario una cifra que supera los $800 mil millones. Eso invertirá la Registraduría Nacional del Estado Civil en proveer todo el aparato logístico para garantizar la elección de 1.101 alcaldes, 32 gobernadores, 12.063 concejales, 418 diputados y 6.814 ediles. Cerca de 700 mil jurados de votación tendrán que atender 115 mil mesas distribuidas en 11 mil puestos de votación.

A estos números habría que agregarle lo que cada uno de los 117 mil candidatos inscritos en todo el país invertirá en su campaña política. El límite de gastos fijado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) oscila, para gobernaciones, entre $1.104 millones y $4.296 millones, según el censo electoral de cada departamento. En el caso de las alcaldías esta cifra puede ir de los $114 millones hasta los $4.172 millones.

Hasta ahí no habría nada anormal sino fuera porque el financiamiento de las campañas políticas, que no es un asunto exclusivo de Colombia, es un hueco negro. Según Transparencia por Colombia, el 70 % de los dineros que utilizan los candidatos no se reporta debido a la violación de esos topes o porque corresponden a recursos ‘prohibidos’. La plataforma Cuentas Claras del CNE, en la última contienda legislativa, alertó sobre los recursos provenientes de orígenes privados: cerca del 80 %.

¿En dónde está entonces ese deseo auténtico de alcanzar un cargo de elección popular? Las cuentas por encima de la mesa no dan pero la respuesta se encuentra, generalmente, por debajo de ella. El manejo de la contratación pública es, en últimas, la salida para ‘cuadrar caja’.

Transparencia por Colombia ha llamado la atención sobre la necesidad de hacer un estudio que determine cuánto cuesta realmente una campaña política en el país. Las estructuras de corrupción están montadas por lo general sobre carteles de la contratación que saben al dedillo cómo funciona el Estado. La única certeza es que, a pesar de toda la legislación que limita fuentes de recursos, establece topes al gasto y endurece las sanciones, es casi imposible saber quién financia la política.

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