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opinion/columnistas/luis fernando-rueda
Domingo 25 de octubre de 2020 - 12:00 PM

Las orejas del Fiscal

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La denuncia por parte de una periodista, a la vez funcionaria, de un caso de censura, entregada a un organismo de protección de derechos terminó yéndose en contra de ella. La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos por el delito de utilización de asunto sometido a secreto o reserva. El episodio, ampliamente conocido, se resume así: Un gerente de un canal público, en una conversación con la periodista bajo su mando, determina sacar de su programación un exitoso espacio debido a una crítica hecha por su director, en otro medio, en contra del actual Gobierno. La conversación fue grabada y filtrada.

¿Existe violación del deber de reserva entre dos funcionarios? Según la abogada Catalina Botero-Marino, exrelatora para la Libertad de Expresión de la CIDH de la OEA, “nada de lo que pasó en esa reunión en la que se ordenó censurar a una persona por tener opiniones críticas, es reservado. La funcionaria está protegida por el derecho internacional de los derechos humanos que protege a quien hace denuncias sobre este tipo de arbitrariedades”.

Información pública es toda aquella que, independientemente del sujeto que la genere, obtenga, adquiera, transforme o controle, sea considerada de interés público, salvo que esta sea clasificada o reservada. “Al tratarse de una instrucción oficial impartida por el funcionario competente a la funcionaria que debe cumplirla, en horario oficial y en su lugar de trabajo, no hay la menor duda de que se trata de una información pública que no tiene porque tener reserva. Incluso, si estuviera reservada, al tratarse de una instrucción contraria a los derechos humanos, la funcionaria tiene todo el derecho de denunciarla”, agrega la exdecana de Derecho de la Universidad de los Andes.

Ahora, sobre la legalidad de la grabación existe amplia jurisprudencia, en este caso aplica la explicación del penalista Jaime Granados: “Una grabación es ilegal cuando no existe consentimiento entre las personas que la sostienen. La excepción a esta regla se da en el momento en el cual una persona cree que está siendo víctima de un delito”. Y la censura es un delito contra la libertad de expresión.

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