miércoles 25 de octubre de 2023 - 12:00 AM

Manuel de Jesús Rodríguez

El puntillazo final...

La aspiración de Rodolfo Hernández Suárez de ser el gobernador de Santander terminó. El Consejo Nacional Electoral dejó en firme la revocatoria de su inscripción como candidato. El desenlace estaba cantado, y la posibilidad de que su candidatura reviva por vía de la tutela o de las medidas cautelares que le solicitó a la CIDH es remota.

El ahora excandidato se equivoca cuando alega que le han negado y violado su derecho a ser elegido.

La competencia del CNE para revocar la inscripción de un candidato a un cargo de elección popular cuando existe plena prueba de que se encuentra incurso en una causal de inhabilidad, que es precisamente la situación de Hernández Suárez, no admite discusión; y la inhabilidad para inscribirse, e incluso para ser elegido, en su caso la determina la firmeza de las tres sanciones que la PGN le impuso en los últimos cinco años.

La holgura que le daba el precedente de Gustavo Petro en la CIDH terminó cuando se conoció el texto de la sentencia C-030 de 2023 en la que la Corte Constitucional concluyó que la PGN es competente para investigar y sancionar disciplinariamente a los servidores de elección popular, y que las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad que les imponga requieren de la intervención de un juez siempre que se encuentren ejerciendo el cargo para el que fueron elegidos. Nada qué hacer.

Lo incómodo de todo esto es que la inscripción se anuló a escasos seis días de la elección. Para ese momento las tarjetas electorales ya están impresas y querámoslo o no la imagen del candidato va a aparecer en ellas. Jurídicamente los votos que se depositen por él no deben tenerse en cuenta ni en el preconteo ni en el escrutinio, pero el hecho de que aparezca en el tarjetón va a repercutir en la votación. Los jurados y las comisiones escrutadoras no la van a tener fácil.

Al margen. Como estrategia de campaña eludir la confrontación con los otros candidatos puede ser un argumento válido. No es obligatorio que asistan, pero rehuir el debate por recomendación de los asesores que evitan que el candidato se salga del libreto y cometa un error que dé al traste con su aspiración, es un acto de total descortesía, de deshonestidad con el elector, que necesita llenarse de razones para elegir bien, y una afrenta directa al principio democrático.

Este artículo obedece a la opinión del columnista. Vanguardia no responde por los puntos de vista que allí se expresen.
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