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Manuel de Jesús Rodríguez
Martes 27 de febrero de 2024 - 12:00 PM

Inconsciencia institucional

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Aunque la Corte Constitucional se ha encargado de dejar en claro que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho fundamental de las mujeres, a muchos les cuesta trabajo aceptarlo y reconocerlo. Por lo que se ve, ni las abundantes decisiones que ha proferido en sede de tutela y en ejercicio del control de constitucionalidad, ni las directrices que ha impartido el Ministerio de Salud en ese sentido han sido suficientes. El comentario viene al caso por la situación que se conoció durante la sesión descentralizada del Concejo Municipal de Bucaramanga que se llevó a cabo en las instalaciones del Hospital Local del Norte.

Los autores de la proposición querían conocer la ruta de atención de las urgencias y la capacidad instalada en esa IPS. Los concejales visitaron el hospital luego de escuchar las respuestas que la gerencia del Instituto de Salud de Bucaramanga dio al cuestionario que le presentaron. Estando allá, de pura chiripa, se enteraron de que en ese centro médico impera una objeción de conciencia institucional frente a la interrupción voluntaria del embarazo. ¡Así como lo leen!

No se trata de desconocer el derecho que le asiste a las personas de hacer valer sus convicciones éticas, morales, filosóficas, políticas o religiosas. Ni más faltaba. Pero de ahí a adoptar una postura institucional y colectiva que obstaculiza al extremo el ejercicio de un derecho fundamental hay mucho camino por recorrer. El escenario se complica mucho más si a eso se le agrega la eventual injerencia que pueda llegar a tener el pensamiento y las creencias ultraconservadoras del actual alcalde. La situación es supremamente delicada y demanda la intervención inmediata de los órganos de control para que investiguen la irregularidad.

Si lo que se denunció en el Concejo es cierto, en el Hospital Local del Norte se empeñan en desconocer los derechos fundamentales de la mujer. Olvidan que como autoridades no pueden, ni deben impedir la interrupción voluntaria del embarazo en las tres hipótesis que fueron despenalizadas, y sobre todo que la IPS, como todos los prestadores del servicio de salud, tiene el deber de contar con personal médico no objetor que garantice la atención oportuna y sin barreras de ese tipo de casos.

Al margen. Indignante, por decir lo menos, el comportamiento de la pareja que sorprendieron en Cuadra Play “tupiéndole al miriñaque”. En ese sector las cosas están llegando a límites insostenibles.

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