No podemos confiarnos y olvidar que el descuido de nuestras obras de infraestructura, en cualquier momento pueden desencadenar consecuencias catastróficas, pues son elementos fundamentales de la vida urbana que pueden o no estar en riesgo.
Manuel de Jesús Rodríguez
Intolerancia social, indiferencia oficial...
En plena celebración de la Navidad la intolerancia volvió a hacer de las suyas en los municipios del Área Metropolitana. En Girón un hombre perdió la vida por reclamarle a otro que lo tropezó y le tumbó el casco de la moto que tenía en sus manos. En el norte de Bucaramanga asesinaron a una persona e hirieron a otra por exigir que no quemaran pólvora. En Piedecuesta una riña entre vecinos dejó una persona muerta. En Floridablanca investigan las causas de la muerte de una mujer que encontraron sin vida al interior de su vivienda.
Según las cifras oficiales solo el 25 de diciembre se atendieron más de mil doscientas riñas. El número por sí mismo desborda la capacidad de reacción de las autoridades; pero sus consecuencias indican que la nuestra es una comunidad intolerante y violenta y que las medidas para garantizar la convivencia ciudadana no están sirviendo de nada.
Las personas cada vez con mayor frecuencia acuden a la violencia para resolver sus diferencias, y por lo que sucede cada vez que hay una celebración importante parece que a las autoridades eso les tiene sin cuidado. Que aquello ocurra es motivo suficiente para advertir que las cosas no están bien; pero que la indiferencia oficial frente al fenómeno sea la constante complica aún más las cosas. Vivir en comunidad implica coexistir en armonía, y hacerlo no es fácil es cierto; pero cuando las cosas se salen de madre las autoridades deben dejar a un lado la retórica y comenzar a actuar de manera efectiva y oportuna.
La Ley 1801 de 2016 tiene como objetivo establecer las condiciones necesarias para la convivencia en todo el territorio nacional y la autorregulación es uno de los principios que estructuran el sistema. Pero por lo que se ve, lo que queda claro, por lo menos por ahora, es que estamos muy lejos de ser capaces de autorregularnos. Por eso las autoridades de policía, todas, tienen la gran responsabilidad de intervenir de manera inmediata y eficaz, pues es a ellas a quienes les corresponde propiciar comportamientos que favorezcan la convivencia, promover el respeto y el ejercicio responsable de las libertades, y el fortalecer el uso de mecanismos alternativos o comunitarios para resolver los desacuerdos entre particulares. Ya es hora de actuar, ¿o es que están esperando que ocurran más muertes para comenzar a hacerlo?