La elección de contralores debe regirse por los principios de publicidad, transparencia y mérito – no son los únicos –. Aplicarlos es otra cosa, y en eso, desafortunadamente, suelen coincidir diputados y concejales. No existe una de esas elecciones que no haya generado controversia, y en ese escenario Santander, Bucaramanga y los municipios del Área Metropolitana sobresalen. Cuando las convocatorias inician, los rumores abundan; cuando terminan, las demandas proliferan; y cuando los jueces hablan para restablecer la legalidad, las razones por las que lo hacen no sorprenden. Esa es la realidad.
Hace poco se conocieron dos decisiones judiciales relacionadas con el proceso de elección del Contralor de Santander. En ambas la omisión a conveniencia de los principios que regulan ese tipo de actuaciones quedó clara. Lo que no deja de sorprender es la desfachatez con la que electores y elegidos se esfuerzan para defender lo indefendible. Unos se escudan en la apariencia de legalidad con la que torpemente matizan los procesos; otros se aferran al cargo a como dé lugar.
Para los jueces no hay duda de que en esa elección se violaron normas de superior jerarquía. El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el acto de elección porque los diputados olvidaron tramitar las recusaciones que se presentaron en la convocatoria y permitieron que los recusados participaran en ella. El Tribunal Administrativo de Santander, en otro proceso, anuló el acto que estableció la estructura de esa misma convocatoria porque el término que debía transcurrir entre su publicación y el inicio de la fecha de inscripciones de los aspirantes no se respetó. ¡Nada que hacer! Lo que se viene es la marrullería de siempre: recursos que se interponen sin argumentos sólidos que controviertan los fallos; solicitudes de aclaración para dilatar los procesos y ganar tiempo y la tutela que no puede faltar. En el caso del Contralor de Santander parece que las cosas van a ir más allá: Por lo que se escucha se vienen movimientos de personal para que la vacancia se supla con una persona de su total confianza.
La elección del Contralor General de Santander está viciada, y el Tribunal Administrativo se encarga de recordárselo a quienes no lo quieren reconocer cuando en su providencia concluye que los actos y actuaciones que se ejecutaron con base en el acto anulado, que incluyen la elección del contralor, quedan sin efecto. Más claro imposible. ¿Se hace justicia? ¡Por supuesto!
