domingo 26 de septiembre de 2021 - 12:00 AM

Indefensos sin ley de garantías

Tumbar a ley de garantías es una estrategia de la clase política para generar fondos para sus campañas (...) la discusión sobre su conveniencia es bienvenida, pero no seis meses antes de las elecciones.
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Columna de
Marc Eichmann

La Comisión Séptima de la Cámara aprobó un proyecto para tumbar la Ley de Garantías correspondiente a las elecciones legislativas y presidenciales del 2022, justificando su decisión en la necesidad de reactivar el país económicamente. Algunos columnistas de opinión reconocidos han respaldado la medida argumentando que con o sin la ley de garantías, que limita la contratación estatal antes de elecciones, la corrupción sigue su curso.

Difiero respetuosamente de esta postura. A diferencia de la contratación que se realiza en épocas no preelectorales, cuatro meses antes de elecciones existe una alta presión a los funcionarios públicos de parte de sus afines políticos y financiadores para conseguir fondos que les permitan hacerse elegir. Sin la ley de garantías, los funcionarios no tienen impedimentos para firmar contratos no planeados y no tienen una excusa para no ceder a las presiones.

Tampoco es cierto que la ley de garantías limita el crecimiento económico. La contratación pública que genera valor social es planeada y optimizada y no depende de la ley de garantías. Durante los cuatro meses anteriores a las elecciones puede haber gasto público, siempre y cuando la contratación se haya adelantado previamente. El problema es para esa contratación de última hora, que surge de la necesidad de generar fondos para las elecciones.

Tumbar a ley de garantías es una estrategia de la clase política para generar fondos para sus campañas, a costa del resto de la sociedad. El hecho de que la propuesta venga de la Asociación de Colombiana de Ciudades Capitales es preocupante dado que muchos mandatarios locales tienen amansados a sus concejos a cambio de participación en sus gobiernos, lo cual dificulta el control fiscal y facilita la contratación corrupta. La discusión sobre la conveniencia de ley de garantías es bienvenida, pero no seis meses antes de las elecciones.

Pildorita: ¿levantamos 15 billones con la tributaria para repartir el 25% en pensiones a los más afortunados?

Ese proyecto de ley debería merecer cárcel, representantes ponentes María Cristina Soto de Gómez (conservadora) y Omar de Jesús Restrepo Correa (partido de Los Comunes - FARC)

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