sábado 05 de octubre de 2019 - 12:00 AM

La sin justicia

El viejo truco de bajar la calidad para poder cumplir con la cantidad también aplica para el entorno presidiario.
Escuchar este artículo
Image
Columna de
Marc Eichmann

Uno de los problemas más urgentes del país es garantizar el imperio de la ley. Hoy en día los ladrones, callejeros y de cuello blanco, los corruptos y demás delincuentes actúan a su antojo, con la claridad de que solo uno de diez crímenes en Colombia recibe castigo. Una estadística por lo menos escalofriante.

Sin embargo, es aún más escalofriante descubrir lo que pasa con las doscientas mil personas que se encuentran condenadas y privadas de libertad. Aproximadamente el 32%, 62 mil reclusos, recibe el beneficio de casa por cárcel, y de estos solo cuatro mil tienen brazalete electrónico. Es decir que así estén condenados, el castigo de reclusión es poco efectivo y no verificable.

Este problema surge a raíz de dos crudas realidades. La primera es que la construcción de nuevas cárceles en el país, que en un momento estuvo a cargo de Fonade, no se ejecutó como era debido. Hay cupos en las cárceles para alrededor de 80 mil reclusos y se mantienen en ellas aproximadamente 140 mil. El problema es que la construcción de las cárceles que se ha solicitado con mensaje de urgencia desde el gobierno central no se ejecuta, porque no les da votos a los alcaldes y gobernadores que prefieren construir colegios u hospitales.

La segunda razón es que el Estado ha aplicado medidas facilistas al hacinamiento, que consisten en liberalizar la política carcelaria dejando presos fuera de sus lugares de reclusión. En la medida que estas soluciones han funcionado, con el inmenso costo social de no se imparta justicia a los condenados, la presión de ejecutar las cárceles para 80 mil presidiarios ha bajado significativamente. El viejo truco de bajar la calidad para poder cumplir con la cantidad también aplica para el entorno presidiario.

Por último, también relacionado con la calidad, es necesario que se reforme el INPEC. Más de 80 sindicatos implican que no hay gobernabilidad para sus administradores y que su blindaje contra la corrupción es nulo. Sabrá Dios por qué en tantos años no se ha reformado.

Autor
Este artículo obedece a la opinión del columnista. Vanguardia Liberal no responde por los puntos de vista que allí se expresen.
Otras columnas
Comentarios
Comente con Facebook
Vanguardia no se hace responsable por las opiniones emitidas en este espacio. Los comentarios que aquí se publican son responsabilidad del usuario que los ha escrito. Vanguardia se reserva el derecho de eliminar aquellos que utilicen un lenguaje soez, que ataquen a otras personas o sean publicidad de cualquier tipo.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad