Profeso por Medellín y, los trabajadores que defienden sin cuartel a su EPM, un profundo respeto que adquirí en mi gestión como presidente de UNE. EPM, empresa de propiedad del municipio de Medellín, también es patrimonio de Colombia ya que distribuye y genera alrededor del 24% de la energía del país.
El diseño del gobierno corporativo de EPM, así como el del Grupo de Energía de Bogotá (GEB), garantiza un proceso de toma de decisiones plural y participativo. No garantiza que todas las decisiones, en el contexto de toma de riesgos que caracteriza la actividad empresarial, terminen siendo acertadas, pero sí que cuenten con la participación de trabajadores, administración, miembros de junta directiva y, solo en algunos casos particulares, de sus accionistas, apuntando siempre al bienestar de la organización.
En la última semana ha quedado claro que la intervención política, mantenida a raya por más de 60 años, por fin llegó a EPM. El desconocimiento de las funciones de la Junta Directiva por parte de su gerente y el alcalde de Medellín, para decisiones tan importantes como el cambio del objeto social o la decisión de demandar a los contratistas de Hidroituango, fue rechazado por los gremios, el sindicato de EPM, la Cámara de Comercio y gran parte de los colombianos, además de desencadenar la rebaja de la calificación de crédito de la empresa por parte de Fitch Ratings. En mi participación en la junta del Grupo de Energía de Bogotá decisiones similares siempre se debatieron en la junta como instancia decisoria.
El alcalde de Medellín puede legalmente ejercer el derecho de reemplazar la junta tanto de EPM, como de Ruta N, entidad de fomento al emprendimiento de la cual también le renunció la junta en pleno. Enfrentarse con los empresarios, los gremios y los sindicatos seguro le traerá frutos políticos en aquellos sectores que, a nivel nacional, no gustan de ellos. Lamentable que en el proceso destroce un modelo de colaboración convertido en un modelo de gestión tanto nacional como internacionalmente. Duele.
