domingo 27 de noviembre de 2022 - 12:00 AM

Control del gasto público

Con el recuerdo aún reciente de las denuncias sobre los elevados precios con los cuales la Gobernación de Santander ha decidido contratar productos como hamburguesas ($87.000); centros de mesa ($373.000), balones de futbol ($570.000), pelotas de tenis ($260.000) y raquetas de tenis ($3.800.000) en los últimos días, el país se sacude con un nuevo escándalo de precios exorbitantes con dineros públicos.

En Itagüí, según se conoció, el Concejo Municipal pagó nueve almuerzos en el día de la secretaria con un costo total de $6.188.000, lo cual quiere decir que, cada almuerzo costó $687.000. Pero, cuando el concejal Walter Betancur quiso hacer la denuncia ante esta corporación, la presidenta del Concejo le apagó el micrófono e impidió que el tema se ventilara en la sesión.

El desangre del erario se presenta a lo largo y ancho del territorio, mientras crecen las necesidades económicas y sociales de la población. Es inaceptable que quienes manejan los recursos públicos hayan normalizado gastar el presupuesto de manera irresponsable en conceptos algunas veces innecesarios, otras veces suntuosos, o con valores desproporcionados. Pero lo más preocupante del asunto es que las voces que se atreven a denunciar las malversaciones con dinero público sean acalladas, amenazadas o ignoradas, lo que se traduce en un factor que alimenta la impunidad y con ello, el ciclo vicioso de la corrupción.

En este sentido, existen estudios, como el realizado por Transparencia por Colombia en el año 2019, donde se concluye que las principales razones por las cuales no se presentan denuncias de corrupción son, entre otras, el temor a vulneraciones a la vida, integridad, libertad y seguridad personal o posibles retaliaciones en el ámbito laboral o reputacional. Sin embargo, Santander representa el segundo territorio a nivel nacional que reportó en el 2020 el mayor número de posibles casos de corrupción en Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC).

De tal manera, la denuncia de los presuntos actos de corrupción cobra especial relevancia en un departamento como Santander, que ha ocupado los primeros lugares en los rankings de hechos de corrupción en el país, y donde, según datos del Monitor Ciudadano de la Corrupción, entre 2016 y 2020, en el ámbito de Contratación Pública, se perdieron 30 mil millones de pesos.

Casos como los aquí mencionados, que involucran posibles irregularidades en la inversión de recursos públicos, deben ser prioritarios para los entes de investigación y sanción, para responder a las denuncias con mayor eficiencia y celeridad.

MARCELA PABóN
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