sábado 17 de septiembre de 2022 - 12:00 AM

Control Social a lo público

Hace unos meses, se prendieron las alertas en la contratación de la Universidad Industrial de Santander, en la cual se advertía sobre la existencia de requisitos de difícil cumplimiento para aquellos interesados en participar en la licitación por mas de $111 mil millones de pesos, para la remodelación de la facultad de salud de esta importante universidad.

Entre lo mas sonado, se encontraba el cobro de 10 millones de pesos para poder acceder a los pliegos de condiciones y por ende, participar como proponente en esta licitación. Gracias a las observaciones elevadas sobre el particular y a la difusión que se realizó en su momento, la Universidad accedió a eliminar tal requisito y con ello se logó la participación de 14 propuestas.

La participación plural de ofertas, a pesar de no ser el único elemento, si es un buen indicador de que las condiciones establecidas para participar en un proceso de contratación pública son adecuadas, por cuanto, entre mayor número de proponentes, mayor posibilidad para la entidad de escoger la mejor oferta e indica adicionalmente, la restitución de la confianza en la institucionalidad y en el ejercicio de una gestión contractual en igualdad de condiciones para los interesados.

Este proceso, es la muestra fehaciente de la importancia del ejercicio juicioso y responsable del control social a la inversión de los dineros públicos. La participación ciudadana en el seguimiento de lo público se configura como un derecho, pero, sobre todo, como un deber de los ciudadanos de realizar vigilancia de la gestión y a los resultados, para que, de tal manera, se pueda exigir a las entidades, un uso responsable del erario.

Es importante recordar que el ejercicio de control social se puede realizar de manera individual o a través de organizaciones, teniendo en cuenta que estos asuntos, conciernen a todos los ciudadanos, pues al conocer en qué son gastados los recursos del Estado, y a quién se está contratando para obtener bienes y servicios, podrá exigirse el cumplimiento de los objetos contratados y denunciar en caso de evidenciarse irregularidades en este ámbito.

En Colombia, país con altos índices tanto de corrupción como de impunidad, la denuncia social realizada especialmente en medios de comunicación se ha convertido en la fuente principal de información para el inicio de investigaciones, que, en algunos cuantos casos, han llegado a imponer sanciones a los responsables.

Por tanto, es imprescindible tomar un rol activo en la vigilancia de los recursos públicos y pasar de la queja colectiva a las acciones de control social, buscando siempre el respeto del interés colectivo.

MARCELA PABON
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