viernes 05 de noviembre de 2021 - 12:00 AM

El viacrucis de La Virgen-La Cemento

Las anomalías en el trámite de este proceso, que está bajo la lupa de la Procuraduría y la Fiscalía, ponen en riesgo los $104 mil millones en esas vías, que a pesar de su gran importancia han tenido un histórico rezago...
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En días anteriores se conoció la solicitud formal elevada por el Invías, para la terminación y liquidación del Convenio 1113, dentro del cual se enmarca la contratación de la doble calzada de la zona La Virgen-La Cemento. Esta posición del Invías obedece a los múltiples cuestionamientos que han versado sobre la evaluación de las 34 propuestas concursantes, además de la ocurrencia de un presunto delito, al conocerse que tres funcionarios del comité evaluador declararan que nunca realizaron la evaluación de ofertas a pesar de que sus nombres figuran en el documento.

A pesar de haber nombrado nuevos evaluadores, la desconfianza en el manejo que le ha dado el Idesan a esta licitación no desaparece, y se materializa precisamente, en el peligro la inversión de los recursos, que por tanto tiempo fueron esperados para esta importante obra vial para la región.

Así pues, estará en las manos del comité directivo del convenio la decisión que marque la suerte del proceso licitatorio, que, a estas alturas, podría transitar por dos caminos. El primero de ellos, es continuar con la nueva evaluación de las 34 propuestas y culminar en la adjudicación del contrato o en declaratoria de desierta, una vez sea verificado que esta vez se haya respetado el criterio de selección objetiva y el cumplimiento efectivo del principio de transparencia en la evaluación de ofertas de acuerdo con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones.

Por otra parte, de insistirse en la liquidación del Convenio 1113, sin que puedan invertirse los recursos destinados al proyecto, se estaría ante la imposibilidad de continuar con el curso de la licitación, escenario en el cual, el Idesan tendrá que buscar la vía jurídica para la terminación anormal del proceso, con las consecuencias legales que ello implicaría para la entidad y los funcionarios partícipes en el mismo.

Lo cierto es, que las anomalías en el trámite de este proceso, que está bajo la lupa de la Procuraduría y la Fiscalía General, ponen en riesgo los $104 mil millones de pesos en esas vías, que a pesar de su gran importancia para la ciudad, han tenido un histórico rezago en inversión pública.

MARCELA PABóN
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